Camino peligroso

REFERÉNDUM. Hasta el día de ayer, se pensaba que en el Parlamento los proyectos que más preocupación causaban eran los relativos al populismo económico, como el planteado para suspender el pago de intereses y moras de deudas bancarias y servicios públicos, el que busca establecer un control de precios a los medicamentos o el retiro del 25% de los aportes a la ONP. Sin embargo, la preocupación ha escalado al nivel político, pues se acaba de presentar un proyecto que busca la realización de un referéndum para llevar a cabo una reforma total o parcial de la Constitución vigente.

En primer lugar, preocupa que varios de estos proyectos provengan de una misma agrupación: Acción Popular (AP). Este partido siempre se mostró como una federación de independientes donde cada integrante tiene su posición —algo ya se apreció en el Parlamento anterior donde posturas como las de Yonhy Lescano o Víctor Andrés García Belaunde más de una vez eran antagónicas—. La proximidad de las elecciones presidenciales ha evidenciado más las diversas tendencias existentes al interior de AP, pues cada una está buscando imponer a su candidato para el 2021.

En segundo lugar, preocupan los fundamentos del proyecto planteado para la reforma constitucional. En todos los párrafos se cuestiona que el Estado no tenga control ni administre sus recursos naturales, en una abierta crítica al rol subsidiario que posee actualmente. Revivido el tema del control de precios (en el proyecto sobre medicamentos) ahora queda claro en los fundamentos que la intención es ir contra el libre mercado, olvidando que hacerlo implicaría volver a sistemas que el Perú ya aplicó en el pasado y que fracasaron. Más allá de que los voceros de la bancada digan que se trata de una iniciativa particular, lo cierto es que no hay un pronunciamiento claro del partido sobre el tema.

La Constitución no es un ente inmutable en el tiempo, pero siendo la norma que rige a un país, antes de pensar en modificarla se debe responder a las preguntas ¿por qué? y ¿para qué? Hacerlo solo por temas circunstanciales no es lo adecuado.

Los hechos muestran que los congresistas de AP y buena parte de las demás bancadas no tienen claridad sobre los temas económicos, pues sus propuestas plantean un retroceso a la infausta década de los 80, y la historia muestra como terminó el país después de eso.

No se trata de defender la Constitución de un determinado gobierno. Se trata de defender las libertades económicas y políticas —que se mantuvieron con altibajo en los últimos cuatro gobiernos—, las cuales no tienen por qué estar en contraposición a los derechos sociales y económicos de las grandes mayorías. La Carta Magna puede necesitar cambios, pero la esencia de una economía social de mercado no debe abandonarse. Se trata de advertir que no se debe volver a esquemas pasados que significaron el atraso social, político y económico del país, y del que fue tan difícil salir.