(Foto: Andina)
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BAJO LA MIRA. Cuando por algún motivo salen a la luz las carencias operativas de la Policía Nacional del Perú (PNP) para combatir la delincuencia, los ministros del Interior de turno suelen salir del paso anunciando el aumento del número de agentes y/o la compra de patrulleros. El ministro actual agregó otra medida: expulsar venezolanos con antecedentes criminales; aunque, como nos hemos enterado estos días, les es fácil volver a ingresar al país.

Es evidente que estas “soluciones” no han contribuido a reducir el problema, debido principalmente a que no se han elaborado diagnósticos serios sobre la incapacidad de la PNP para brindar seguridad a la ciudadanía. Pero ahora existen dos estudios que exponen una de sus mayores debilidades: el aspecto logístico. El primero fue realizado por la Contraloría y fue tema de esta columna el pasado 2 de setiembre. Por ejemplo, indica que el 30.9% de los vehículos destinados a patrullaje se encuentra inoperativo y los policías que salen a patrullar no cuentan con el equipamiento adecuado ni completo.

El segundo estudio acaba de ser publicado por la Defensoría del Pueblo y sus resultados son alarmantes. Del total de departamentos de Investigación Criminal (Depincris) de Lima y Callao, y el 60% a nivel nacional, el 70% no cuenta con cámaras fotográficas, mantas y bolsos para cadáveres, bolsas de cierre hermético para conservar indicios, flexómetros, lámparas y filmadoras, todos ellos elementos que forman parte del kit de criminalística.

Pero eso no es todo. La mitad de los vehículos asignados está inoperativa, lo que dificulta llegar oportunamente a la escena del crimen. El aspecto social también está muy descuidado: el 73% de oficinas no cuenta con áreas adecuadas y exclusivas para la atención de mujeres víctimas de violencia, mientras que el 80% no posee rampas de acceso para personas con discapacidad y ninguna cuenta con intérprete en lenguaje de señas. Y la lista de insuficiencias continúa.

Es claro que anunciar más agentes y patrulleros no podrá ser la salida ante esta crisis logística. Tampoco será creíble la excusa de escasez de presupuesto, pues el gran obstáculo en este caso es la ineficiente administración de recursos y, por supuesto, la falta de planificación. Es que quienes gerencian estas actividades no poseen ni la formación ni la experiencia requeridas. Pero también parece ser que en el Gobierno no hay mucha iniciativa ni decisión para mejorar la situación.

Tanto la Contraloría como la Defensoría han formulado recomendaciones al Mininter y la PNP. Hasta ahora, ninguna de sus autoridades se ha pronunciado. Quizás estén evaluando los informes. O quizás ya los archivaron.

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