Editorial: Más coordinación

SIMPLIFICACIÓN. Es conocida la infinidad de trámites que se exigen a las personas, para realizar una inversión, un emprendimiento u otras actividades, que van desde copias innecesarias, hasta sellos y firmas de autorización interminables. Se trata de un problema antiguo, que en varias ocasiones los gobiernos han intentado resolver. Por ejemplo, en diciembre del 2016, se promulgó un decreto legislativo para que se redujeran o eliminen el pedido de las copias de DNI o partida de nacimiento y el requisito de inscribir los contratos de trabajo. Lo mismo sucedió con el último paquete de decretos publicados el año pasado, que incluyen facilidades para promover la formalización y dinamización de las mypes y para constituir una garantía mobiliaria.

A pesar de ello, el último Sondeo SAE de Apoyo muestra que para el 58% de ejecutivos la excesiva burocracia y la lentitud en otorgamiento de permisos es el segundo factor que podría estar afectando la ejecución de los planes de inversión de las empresas durante este año, superado solo por la inestabilidad y el ruido político.

Esta percepción de los empresarios se da a pesar de las innumerables reformas realizadas para aligerar la burocracia, pues, en la práctica, las dificultades persisten. El problema radica en la forma en que se enfoca la solución. Dar normas no basta si no se trabaja con los funcionarios que deben aplicarlas para que entiendan el porqué de las medidas y si no se cuenta con la capacidad de supervisar que sean cumplidas o sancionar el incumplimiento.

Además, no basta con dictar medidas parciales y aisladas, sin que exista coordinación entre todas las entidades. Por ejemplo, cada cierto tiempo, algún ministro anuncia que su cartera ha reducido varios trámites, pero nunca se trabaja en conjunto con los otros ministerios y sus Organismos Públicos Descentralizados (OPD) para hacerlo de manera simultánea. Y si en el Gobierno central la coordinación es escasa, cuando se baja en los niveles de gobierno, simplemente desaparece; un gran problema si se analiza que es a nivel de municipios, donde la crítica a los trámites se incrementa y donde urgen las mejoras.

Un gran ejemplo de las dificultades y la falta de coordinación es lo que está a punto de ocurrir en el Congreso, pues el grupo de Trabajo que revisa los decretos legislativos recomendaría derogar facilidades para promover la formalización y dinamización de las mypes y para constituir una garantía mobiliaria. Un paso adelante y dos atrás.