Redacción Gestión

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PRIMERA DAMA. Desde el inicio de este Gobierno ha sido notoria la presencia de Nadine Heredia en el Ejecutivo. Si bien al principio llegó a recibir loas incluso del sector empresarial, pronto fueron mucho más amplias las críticas que los halagos. Nadie duda del apoyo que significa para su esposo, hecho que ambos han dejado en claro en más de una ocasión. Sin embargo, apoyar no debe significar gobernar y eso es algo que, al parecer, a la primera dama se le olvida.

Frases como "¿dónde está mi ministra?", "los ministros venían y me decían '¿quiénes vamos a salir?' ", "no está en discusión el aumento del salario mínimo", "nuestro objetivo es servir al pueblo y para eso el gabinete sigue trabajando", o "cuando hay iniciativas legislativas algunas veces tengo que verlas con los ministros y otras con los asesores", muestran que ella no tiene clara la línea que separa su labor de esposa de las labores que le corresponden únicamente al presidente de la República, por haber sido elegido para gobernar al país .

Nadie busca que la pareja del presidente tenga que cumplir labores únicamente protocolares. Es más, Transparencia Internacional, en el documento "Rendición de cuentas de las primeras damas", reconoce que a nivel mundial el rol de las primeras damas ha cambiado mucho en las últimas décadas y hoy se han vuelto bastante más activas en la vida política. Sin embargo, un grave problema que ha generado este cambio es que dicho cargo es casi por tradición, muy pocos países lo regulan legalmente y ninguno fija algún tipo de control, lo que ha llevado, en varios casos, a que sea utilizado para obtener ganancias privadas. Ejemplos sobran, el más cercano a nosotros es el de Brasil: Rosane Collor fue condenada por corrupción y sentenciada a once años y cuatro meses de cárcel por desviar cientos de millones de dólares de una organización de caridad que ella dirigía cuando su esposo era presidente.

Es momento de iniciar un serio debate que permita formalizar el papel de la cónyuge del presidente en relación con el Gobierno y establecer una estructura de rendición de cuentas apropiada. La Contraloría de la República ya hizo una recomendación similar. Ahora les toca a los candidatos presidenciales plantear una propuesta clara al respecto.

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