LEY DE PROMOCIÓN AGRARIA. La legislación promulgada en octubre del 2000 para impulsar las agroexportaciones ha tenido un impacto positivo tanto a nivel de desarrollo de la actividad como a nivel de empleo. Ese resultado no está en duda. Por ello, si bien su aplicación debía haber terminado en el 2010 —dado su carácter temporal—, su vigencia se prorrogó hasta el 2021.
En el último pedido de facultades planteado por el Ejecutivo, uno de los puntos era la prórroga, sin cambios, de dicha legislación. Sin embargo, las diferencias que se generaron al interior del Gabinete entre los ministros que apoyaban dicha propuesta y los que no, llevaron a que el presidente retrocediera en el planteamiento y dejara en manos del Congreso el debate de este tema.
El Parlamento tiene diez proyectos relacionados con esta norma, algunos buscando su eliminación y otros su modificación, y ha recibido desde el sector empresarial informes señalando lo perjudicial que sería para el sector agroexportador perder este beneficio.
Después de muchos debates, la propuesta final que será debatida hoy en la Comisión Agraria plantea la prórroga de los beneficios hasta el 2031, elevar el aporte a Essalud de 4% a 6%, ampliar las vacaciones de 15 a 30 días y subir la indemnización por despido arbitrario de 15 a 45 remuneraciones diarias por año de servicio.
¿Estos cambios que se están planteando son adecuados?, ¿responden a la realidad del sector?, ¿afectarán la productividad? Son preguntas cuya respuesta no estará ajena a los intereses del sector consultado, y eso debido a que desde el Gobierno no existe un informe sobre los efectos que esta norma ha generado en 18 años no solo en términos de exportaciones. Por ejemplo, ¿los beneficios tributarios también deberían mantenerse por 21 años más? De igual manera, ¿cuánto ha perjudicado a Essalud que el aporte del sector agrario sea menos de la mitad que el de otros sectores? ¿Se podría haber conseguido los mismos resultados si no se hubiese usado la contratación temporal?
La Ley de Promoción Agraria merece, previo análisis, una prórroga por un periodo adicional, sobre todo en los temas laborales. Sin embargo, deben darse algunos ajustes, como el aporte a Essalud y evaluarse con cuidado si se debe mantener el beneficio tributario para el pago del Impuesto a la Renta. Lo que sí no puede ocurrir es dejar que la norma venza en el 2021.