Editorial: Un mal proceder

ASCENSOS EN FF.AA. Entre gallos y medianoche, el Ejecutivo publicó la norma que establece el número de vacantes para el proceso de ascensos del personal de oficiales generales, superiores y subalternos de las fuerzas armadas.Según la norma, seis generales de brigada serán ascendidos a generales de división y cuatro de ellos pertenecen a la misma promoción que el presidente Ollanta Humala (Héroes de Pucará y Marcavalle, egresada en 1984).

La Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas establece que para ascender al grado de general de división se requieren cinco años como general de brigada y solo un general de la promoción 84 cumple dicho requisito. Sin embargo, en el año 2013 el gobierno de Humala dictó un decreto supremo que relativiza este requisito reduciendo el número de años requeridos, decreto que el congresista Alberto Beingolea trató de dejar sin efecto con un proyecto de ley para exigir el cumplimiento del plazo de cinco años.

¿Por qué si se trata de un procedimiento habitual y para el cual el Ministerio de Defensa tiene criterios ya establecidos se tuvo que emitir una edición extraordinaria de El Peruano, al filo de la medianoche y minutos antes de que concluya el plazo legal para hacerlo?

En la práctica, 22 egresados de la promoción 84 han logrado llegar al cargo de general de brigada, una cifra elevada para los estándares del Ejército y que solo ocurrió antes con la promoción 70. Para la población, estos hechos muestran un interés del presidente Humala por llevar a sus compañeros a los cargos más altos del Ejército y, según la encuesta Pulso Perú, la razón sería sentirse respaldado (46%) y evitar que lo saquen del Gobierno (26%). Lamentablemente, esta forma de accionar genera dudas en la población que ve una similitud con lo hecho por Vladimiro Montesinos (52%).

Las fuerzas armadas son entidades importantes en el país y sus miembros requieren reglas claras de carrera. Sin embargo, en los últimos años cada gobierno ha cambiado dichas reglas, lo cual genera malestar en sus integrantes, que es mayor si se beneficia a determinados grupos en desmedro de otros. Recordemos que la seguridad jurídica no es solo importante para los inversionistas sino también para el país, y las fuerzas armadas no son la excepción.