Congreso de la República. (Foto: USI)
Congreso de la República. (Foto: USI)

PARLAMENTO. El presidente Martín Vizcarra declaró el fin de semana que replicará a nivel nacional el modelo de gestión que aplicó cuando estuvo al frente del Gobierno Regional de Moquegua. Pero la ecuación que le permitió el éxito en Moquegua no podrá ser la misma, pues hay que agregar un factor que, por su comportamiento reciente, podría lastrar su presidencia: el Congreso.

La gran pregunta es si el Poder Legislativo dejará gobernar a Vizcarra. Un obstáculo serán las propuestas populistas que han abundado desde el recinto parlamentario, y no solo en materia laboral (caso CAS), sino en áreas controversiales como por ejemplo la modificación de la ley de comida saludable, la modificación del equilibrio de poderes vía reglamento, la ley que limita la publicidad estatal en medios, entre otras.

Por otro lado, la mayoría de los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo, muchos de los cuales contienen reformas estructurales, se han archivado. Salvo un puñado de excepciones, esas iniciativas ni siquiera han sido debatidas en comisiones. Si esa tendencia no se corrige, será una señal inequívoca de que el obstruccionismo continuará.

Adicionalmente, los congresistas no pueden usar el Parlamento como una mesa de partes para conseguir obras para sus comunidades y así ganarse el favor de la población, sobre todo con proyectos que no son prioritarios y no cuentan con expedientes técnicos.

Otro obstáculo podría ser el abuso de la función fiscalizadora, en este caso los antecedentes no son alentadores y el propio presidente lo sabe, pues fue uno de los ministros de Kuczynski que tuvo que renunciar ante el riesgo de ser interpelado. Es que la oposición transformó el rol congresal de control político —que debe mantener— en beligerancia, algo que no puede volver a ocurrir.

Será precisamente cuando Vizcarra anuncie a sus ministros –todos nuevos, según ha asegurado– que el panorama comenzará a aclararse. Por ejemplo, si los nombramientos son criticados desmesuradamente o algún partido opositor comienza a despedir a miembros convocados por el presidente, entonces se sabrá que el Congreso seguirá poniéndole piedras en el camino al Ejecutivo.

Quizá la próxima coyuntura electoral atenúe la virulencia, pues los votantes perciben la mala fe de los partidos opositores –como lo evidencia la bajísima aprobación del Congreso–, y permita que los parlamentarios prioricen la reforma política pendiente. Muchos de los vicios destacados con la corrupción parten de la inadecuada regulación de la ley de partidos políticos.