AJUSTE. El déficit fiscal mejoró algo en setiembre (a 3.4%, de 3.5% del PBI en agosto), pero sigue lejos de la meta del MEF para este año (3%), lo que significa que el Gobierno tendrá que seguir ajustando a la baja el gasto público. Y esto último quiere decir reducir más el ritmo de la inversión pública (como ya lo ha hecho a principios de este mes) porque el gasto corriente (las planillas) es inamovible (salvo que despidan a los trabajadores del régimen CAS).

No le queda otra al Gobierno en un contexto en el que los ingresos tributarios siguen cayendo (-3.4% a setiembre) y no hay visos de que mejoren. Más aún, cuando este Gobierno se autoimpuso una especie de camisa de fuerza, al fijar la meta fiscal en función al resultado observado, con lo cual el gasto público se torna volátil y debe seguir a los ingresos.Todo indica que la apuesta era a que los ingresos tributarios y la inversión privada crecieran en la segunda mitad del año.

El problema ahora es que, al tener que priorizar el cumplimiento de la meta del déficit fiscal, el MEF no puede dar un estímulo a través de la inversión pública, es decir, la política fiscal tiene que seguir siendo contractiva y lo seguirá siendo en los próximos cuatro años para cerrar el déficit hasta el 1% que establece la regla fiscal. Y como la inversión privada está cayendo de manera considerable (con este año ya serán tres de caídas consecutivas), no hay forma de reactivar la economía por el lado de la demanda.

Cómo será de grave el asunto que ya el ministro de Economía se ha apurado a informar que en el cuarto trimestre la inversión privada caerá 6%, igual que en el tercero, y que la inversión pública caerá 8% en ese mismo periodo. Lo que sorprende es que aun así apuesta a que el PBI crecerá 4% este año y proyectan 4.8% para el 2017.

Si se considera que la actividad extractiva (minería) reducirá drásticamente su ritmo de crecimiento en el 2017, la esperanza queda en que el destrabe de proyectos de infraestructura que ha lanzado el Gobierno funcione y que finalmente las expectativas empresariales positivas se traduzcan en el esperado salto de la inversión privada. Asumiendo, claro, que los conflictos sociales no pararán otros megaproyectos o que salgan otros casos de corrupción que disminuyan la confianza. Habrá que esperar.

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