Editorial: Agenda política judicializada

NECESARIA TRANSPARENCIA. En nuestro país, cada vez más, el sinónimo del término "político" es "cuestionado". Casi todos los líderes de las agrupaciones políticas están acusados de corrupción o involucrados en alguna investigación. Pero el mayor problema no es ese, sino que ninguno de ellos se ha dado cuenta de que por su cargo les corresponde ser más transparentes y dar más explicaciones que las que un ciudadano común tendría que asumir en su misma situación.

Por el contrario, la actitud de los líderes de esos movimientos ha sido la de tratar de evitar o dilatar las investigaciones, ya sea que estas se lleven a cabo en el Congreso o en la Fiscalía, y para ello no han dudado en utilizar todas las armas legales posibles, como acciones de amparo, hábeas corpus u otras. Además de contar con "defensores" que buscan desacreditar a quienes plantean las denuncias.

Todos recordamos frases como: "Están tratando de obstaculizar mi candidatura presidencial", "yo no me defiendo con recursos de amparo ni con llantos", "no hemos sido notificados de la denuncia" o "en esta comisión no hay garantía absoluta".

Lamentablemente, esta actitud solo sirve para distraer la discusión de los planes de gobierno de cara a los próximos comicios electorales.

La situación del país no es la misma que hace cinco años, los resultados económicos ya no son tan favorables y la inseguridad ciudadana se ha convertido en un grave problema. Sin embargo, en lugar de poder discutir qué plantea cada candidato y partido político, todo termina centrado en las denuncias.

Es momento de que la ciudadanía exija a todos los acusados aplicar la máxima de que "quien nada debe nada teme", para que se resuelvan en el menor tiempo posible las acusaciones, de lo contrario podríamos terminar eligiendo a candidatos con agendas judiciales pendientes, lo cual no ayuda a la gobernabilidad del país.

No se trata de que cada vez que haya una acusación el candidato deba convertirse en un libro abierto, pero debe recordar que por su cargo está obligado a brindar las respuestas necesarias. También les corresponde a los medios de comunicación actuar con responsabilidad y no dar cabida a acusaciones sin sustento. El país necesita un proceso electoral más serio.