Conectividad digital como motor hacia el desarrollo – el aporte privado (Parte 2)

En la primera parte de este artículo (Conectividad digital como motor hacia el desarrollo – el aporte público) se repasaron las principales intervenciones públicas para acelerar el cierre de la brecha digital. Sin embargo, para que ello ocurra de forma sostenible (y más rápida) debe asegurarse que los operadores de telecomunicaciones cuenten con incentivos necesarios para expandir sus inversiones en aquellas zonas donde no les es rentable. En esto, las decisiones del MTC marcan la pauta de una aceleración o ralentización del sector de las telecomunicaciones.

La principal razón por la que el operador privado no invierte en zonas sin cobertura de internet es por una alta dispersión, baja densidad poblacional y reducida capacidad de pago en los centros poblados “no conectados” (casi todos en la zona rural). Esto genera que el costo de inversión en nuevas redes de telecomunicaciones sea muy alto y el retorno inviable. Ello agravado por disposiciones regulatorias que generan sobrecostos al aplicar criterios similares a los exigidos en las ciudades. Ante esto, es necesario que el Estado continue promoviendo medidas que incentiven a los operadores a expandir la frontera del servicio de internet de las ciudades al campo.

¿Qué se puede hacer para esto? Durante el gobierno anterior, habiéndose priorizado el cierre de la brecha digital, se convocó al sector privado a sumarse a ese objetivo nacional. Tras diversas mejoras regulatorias aprobadas por el presidente Sagasti en los primeros meses del 2021, se inició un programa agresivo denominado Canon por Cobertura, que habilitó a los operadores a convertir el pago por derechos de uso del espectro radioeléctrico en inversión. Esto generó acuerdos para ejecutar obras de internet en el campo por la cifra récord de S/ 75 millones (el 2020 se celebraron acuerdos por solo S/ 2 millones y el 2019 ni se utilizó). La reactivación de este mecanismo de inversión público-privada ha permitido el último año que más de 130 centros poblados rurales donde viven 40 mil peruanos cuenten por primera vez con internet 4G. El MTC ha anunciado que este año se volverá a utilizar este modelo -lo que es muy positivo-, esperemos la cifra aumente y se perfeccione su uso sobre la base de lecciones aprendidas en su primer año.

Otra medida para acelerar la cobertura en la zona rural está en la licitación de las bandas AWS-3 y 2.3 GH. El concurso fue diseñado no para tener finalidad recaudatoria sino para exigir que el valor por el acceso al espectro radioeléctrico sea pagado íntegramente con despliegue de infraestructura de telecomunicaciones de internet móvil 4G en centros poblados alejados. Ello quedó listo en el gobierno anterior y fue convocado en septiembre de 2021. Sin embargo, la adjudicación fue postergada en momentos en el que el MTC cambiaba de viceministros y directores ejecutivos cada mes. La nueva fecha era en febrero de este año y volvió a ser suspendida. El presidente Castillo debe saber que la postergación (dos veces) de esa licitación durante su gestión ha retrasado dotar de internet a localidades rurales donde viven medio millón de peruanos.

PROINVERSION alegó que “no se presentarían ofertas”; sin embargo, ello nunca podrá ser confirmado porque la suspensión se dio solo 2 días antes de la fecha de presentación de ofertas a pesar de existir postores precalificados. Sería muy grave que ahora se busque reducir el número de localidades rurales beneficiarias, malbaratando un activo como el espectro radioeléctrico (propiedad de todos los peruanos) sin que se haya esperado al resultado de la licitación. Estamos hablando de una inversión de más de S/ 1,000 millones dirigida a centros poblados rurales.

Por su parte, se debe continuar impulsando la adopción de tecnología 5G en nuestro país. Diversos estudios muestran que los países que adopten primero dicha tecnología podrán expandir su PBI en al menos un 1%. De hecho, en los países que hoy utilizan la 5G los usuarios cuentan con velocidades que superan los 250 mbps, mientras en nuestro país el promedio es 15 mpbs. La diferencia es abismal y ello impacta directamente en la productividad a través de mayores y mejores usos de la tecnología (algo que debería interesar al MEF). Durante el gobierno anterior se inició el despliegue de redes 5G, impulsando inversión privada que permitió en pocos meses tener a más de 40 mil usuarios usando una tecnología con velocidades tres veces superiores. Sin embargo, esto fue el inicio (los equipos 5G eran montados sobre redes de 4G preexistentes) y el plan de expansión dependía de la licitación de espectro radioeléctrico que permitiera a los operadores tener las “carreteras digitales” necesarias para expandir redes 100% de 5G.

Como es sabido (y ha sido confirmado en el concurso antes mencionado), PROINVERSION no cuenta con la capacidad para estructurar procesos de forma eficiente y a tiempo. Las razones de ello escapan de este artículo, pero debe saberse que para evitar eso vuelva a ocurrir, el 2021 se estableció un marco regulatorio transparente para que el MTC -tal como ocurre en países vecinos como Chile o Colombia- se encargue de subastar el espectro radioeléctrico necesario. Todo estaba listo para que el nuevo gobierno inicie el diseño de esta licitación, no obstante, han pasado más de 10 meses y aún no se ha empezado. Esta demora retrasa la capacidad de nuestro país de alcanzar el óptimo desarrollo potencial de la 5G, lo que debería ser de prioridad nacional y ser discutido en el consejo de ministros por el alto impacto que tiene en sectores como la agricultura digital, minería digital, telesalud, teleeducación, comercio electrónico, entre otros. Recordemos que a través de este concurso se podrá continuar ampliando obligaciones de inversión en más localidades rurales alejadas por inversiones que superarían los S/ 4 mil millones.

En suma, el gobierno debe continuar y mejorar el programa de Canon por Cobertura, evitar mayores demoras en el concurso de bandas AWS-3 y 2.3 GHz e iniciar el proceso de diseño de la subasta de espectro para la 5G bajo la nueva modalidad aprobada, todo lo que permitirá a nuestro país generar iguales condiciones de servicio en zonas “no conectadas” y promover tecnologías de última generación en las “conectadas”. Mucho se dice sobre cómo afecta el debilitamiento institucional de las entidades a la entrega de resultados a la ciudadanía, pero poco se contabiliza. No perdamos de vista que los retrasos en la agenda de conectividad digital -el aporte público y el privado- ha postergado a la fecha el acceso a internet a casi un millón de peruanos.