Sincerando la demanda de la vivienda de interés social

Carlos Canales, alcalde de Miraflores

El pasado 22 de febrero, el diario Gestión publicó un editorial en la que se cuestiona mi posición sobre la Vivienda de Interés Social (VIS) en Miraflores, señalando que otros alcaldes y yo hemos pasado de defender la inversión privada a obstaculizarla desde que somos autoridades. Además, el medio dejó entrever que como burgomaestres no entendemos la real demanda y criterios técnicos que impulsan el acceso de los jóvenes a la hora de adquirir un inmueble de este tipo.

Como autoridad edil tengo claro que en la última década, el sueño de la casa o departamento propio en Lima, en especial entre las personas de entre 30 y 40 años, ha sido influenciado por una serie de tendencias y motivos aspiracionales.

El análisis de los expertos de las entidades financieras coincide con la postura del municipio: a fines del 2022, Caja Piura reveló que los jóvenes buscan vivir en departamentos de entre 55 a 70 m2. Este punto también es compartido por portales inmobiliarios como Urbania que remarca que las personas nacidas entre los años 80 y el 2000 prefieren espacios funcionales y bien distribuidos, con áreas entre los 60 m2 y los 100 m2.

Pese a ello, el Ministerio de Vivienda impulsó la VIS con el mismo criterio técnico para todos los distritos de Lima, sabiendo que cada uno tiene diferentes aspectos socioeconómicos y demográficos. Por ejemplo, planteó insertar departamentos de hasta 26 m2 en edificios de 23 pisos, cuando en Miraflores las demás constructoras cumplieron con hacerlo en 20 pisos.

Si el fin de la VIS es que más personas accedan a ella, ¿es correcto promocionarla así cuando, comercial y socio demográficamente hablando, la oferta por m2 en varios distritos es incompatible con la verdadera naturaleza de la Vivienda de Interés Social?

En San Isidro, Surco, San Borja o Miraflores un departamento de más de 60 m2 se vende hasta en medio millón de soles. Si se quisiera implementar la VIS en alguna de estas zonas, por el valor comercial del área, solo habría viviendas por debajo de 20 m2, lo que promovería la tugurización y, paradójicamente, iría contra la demanda actual del mercado.

Las personas de entre 30 y 40 años en Lima demandan viviendas que tengan más de 60 m2 en promedio. El municipio no es ajeno a esta conclusión; es más, impulsa la construcción de las llamadas edificaciones sostenibles, que entre sus beneficios ofrece hasta una reducción del 25 % sobre el área mínima por unidad de vivienda y de estacionamientos, respectivamente. Con este plus, ¿quién podría considerar lo anterior como un atentado contra la inversión privada?

Como autoridad tampoco me quedo en las críticas, también saludo los aportes. El viceministro de Vivienda, Hernán Navarro, ha anunciado hace poco que lo más justo para los distritos que tienen diferentes realidades urbanas es que se les permita la prerrogativa de estudiar y proponer qué zonas deben albergar las edificaciones de la tan ansiada Vivienda de Interés Social.

Es indiscutible el interés y presión de un sector como el inmobiliario, que en 2022 habría registrado ventas por más de S/5000 millones solo en viviendas nuevas, pero como alcalde y empresario con larga trayectoria no puedo aceptar críticas que no responden al análisis técnico y de gestión que lidero desde Miraflores. Un derecho como la VIS debe estar por encima de cualquier otro interés, y eso no implica que mi visión sobre la inversión privada haya cambiado.