Internacionalista
El sabotaje a la Alianza del Pacífico debe confrontarse con base en realidades reconocidas evitando idealizaciones innecesarias.
La primera línea de defensa es la de nuestra política exterior. Si el espurio planteamiento de López Obrador se arraiga, la proyección de nuestros intereses nacionales podría distorsionarse en áreas de influencia mexicana (p.e. en la primera potencia –de la que ese país es socio principal– y los Gobiernos latinoamericanos alineados con su antisistémica ideología).
De otro lado, si la flexibilización del principio de no intervención que sustenta la defensa de la democracia y de derechos humanos en América deviene –como hoy– en arbitraria injerencia, la propensión al conflicto interestatal se dinamizaría en la región.
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Finalmente, la violación impune del tratado constitutivo de la alianza, que dispone la rotación de su presidencia entre sus miembros, franquearía el paso a vulneraciones descontroladas de tratados que conforman el orden regional.
En el ámbito geopolítico, el potencial destructivo de la hostilidad mexicana ya erosiona la cohesión de los países ribereños del Pacífico latinoamericano. Si esta progresa, arruinaría para el Perú y sus socios la potenciación de su proyección ribereña y el acceso a puertos en ese escenario.
El debilitamiento resultante impediría una proyección comunitaria hacia la cuenca del Pacífico, donde el Perú y sus vecinos tienen grandes desventajas con relación a los ribereños norteamericanos y asiáticos. Además de la frustración de un centro geopolítico menor en una parte del Pacífico hoy marginada, se perdería su potencial de enriquecimiento derivado de asociaciones y negocios con los más de 60 observadores de diferentes regiones del mundo.
“El libre flujo de capitales en el área no parece expresarse en captación de inversión extranjera”.
En ese proceso, la remanencia del planteamiento mexicano degradaría los ya atenuados principios occidentales de la alianza –la democracia y el libre mercado– en beneficio de democracias populistas y mercados pro-estatistas.
Ese cambio generaría retrocesos políticos con base en la ausencia de “integración profunda” en la alianza. Al cabo, siendo una zona de libre comercio con el 98% de desgravación para todos los productos, la alianza solo ha logrado un minúsculo comercio intrarregional (que algunos estiman entre 3% y 5%), explicado también por previos acuerdos bilaterales y de la CAN.
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Además, el libre flujo de capitales en el área no parece expresarse en captación de inversión extranjera si se considera que los flujos a la zona (US$ 34 mil millones en 2021) se explican más por las condiciones singulares de cada miembro. De otro lado, el libre tránsito de personas en la alianza parece estar fuertemente ligado a las facilidades andinas (simple presentación del DNI).
Finalmente, a falta de estadísticas sólidas y de instituciones que atenúen estos vacíos, se agrega la lentitud de los grandes proyectos de integración (p.e.: la bursátil –el MILA que no incluye a México–) y la de los pequeños (2/3 de las mypes no operan con la alianza).
Al defender su posición en la alianza, el Perú debe procurar contribuir a sanear esa oquedad.
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