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Un activista mexicano de oposición presentó una demanda para detener la construcción de una refinería de petróleo de US$ 8,900 millones del presidente Andrés Manuel López Obrador, alegando que se está construyendo en terrenos reservados para la protección del medio ambiente.
La solicitud de amparo, presentada en agosto, afirma que la gigante estatal Petróleos Mexicanos está construyendo ilegalmente la refinería Dos Bocas en Tabasco, el estado natal del presidente, en una zona que prometió conservar y que redactó documentos públicos para ocultar el posible daño medioambiental.
El proyecto “viola el derecho a un medio ambiente sano y el principio de quien contamina paga previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, dice la demanda. “Parecería que Pemex olvidó todos los ejemplares de vida silvestre que encontró y que en mérito del resolutivo de 2007 quedó a cargo de conservación”.
Los documentos judiciales proporcionados por el equipo legal del activista Emilio Vázquez Rosario muestran que las autoridades estatales han solicitado numerosas prórrogas para tener los documentos requeridos en orden para el caso. La última prórroga es hasta el 10 de enero. A diferencia de muchos países, México no hace públicos los documentos judiciales durante un caso. El Gobierno no respondió a una solicitud de comentarios.
La promesa de Pemex de proteger la tierra se hizo en documentos públicos del Gobierno de los que Bloomberg News informó previamente.
El mes pasado, López Obrador presentó un decreto que otorga a sus principales proyectos de infraestructura protecciones de seguridad nacional que ordenan a las autoridades emitir permisos provisionales dentro de los cinco días posteriores a su solicitud. No está claro si el decreto puede aplicarse retroactivamente a proyectos anteriores.
Lluvia de críticas
López Obrador, conocido como AMLO, ha apostado una gran cantidad de capital político en Dos Bocas. Lo promociona regularmente como un proyecto clave para alcanzar la autosuficiencia de gas y la mayoría de las semanas muestra videos de su progreso en su conferencia de prensa matutina. El proyecto ha sido criticado por los ambientalistas, que dicen que el lugar albergaba un manglar protegido, y por analistas financieros por su elevado precio. Se espera que comience a operar plenamente en el 2023.
La demanda, que fue presentada ante el juez del octavo distrito de Tabasco, argumenta que Pemex asumió un compromiso legalmente vinculante en el 2006 y 2007 para proteger la zona costera y cualquier lugar, incluidos los manglares, en la zona donde se está construyendo la refinería junto al mar. La Secretaría del Medio Ambiente otorgó a Pemex permiso para desarrollar yacimientos de petróleo y gas en las cercanías durante 20 años, con la condición de que no construyera nada nuevo en las zonas circundantes que contienen flora y fauna raras, según muestran los archivos.
Recientemente, el juez desestimó una solicitud de Vázquez para detener el proyecto, alegando que la refinería ha sido perjudicial y podría dañar la zona circundante. Todavía tiene que pronunciarse sobre la parte principal de la demanda, que trata de si la autorización del proyecto fue ilegal.
A principios de septiembre, el juez amenazó con multar a una agencia gubernamental si no presentaba rápidamente varios documentos al tribunal. Sin embargo, no parece que se haya impuesto dicha multa.
La secretaria de Energía, Rocío Nahle, negó que hubiera manglares en el lugar en una entrevista con Bloomberg News en agosto, a pesar de que el regulador ambiental del país multó a un tercero en 2019 por talarlos.
Cambio climático
Vázquez, quien es miembro del opositor Movimiento Ciudadano, dijo que solicita el amparo en parte porque Tabasco es uno de los estados mexicanos más expuestos a los efectos del cambio climático. Vázquez pasó varios años trabajando para el partido conservador de la oposición, el PAN, antes de unirse a un intento infructuoso de crear un partido alternativo y, en última instancia, convertirse en miembro de Movimiento Ciudadano, el cuarto grupo más grande del Senado de México.
“Es increíble la idea de tener un presidente tabasqueño con un Proyecto arcaico, arcano que es dañino para el medio ambiente y la salud de los tabasqueños”, dijo en una entrevista.
La refinería está en el centro de un impulso de AMLO para reactivar las empresas energéticas estatales, a menudo a expensas del medio ambiente. Decenas de proyectos de energía renovable se han estancado, mientras que la empresa estatal quema petróleo con alto contenido de azufre y muy contaminante. El año pasado se reabrió una planta de carbón. Mientras tanto, un proyecto de US$3.400 millones destinado a reforestar vastas zonas de selva ha fomentado accidentalmente la pérdida generalizada de cobertura forestal. Otro de los principales proyectos de infraestructura del presidente, un ferrocarril turístico en el sureste del país, ha generado controversia al amenazar la selva tropical y el hábitat de cientos de jaguares en peligro de extinción.
La demanda de Tabasco cita imágenes satelitales que parecen mostrar que se han talado más manglares desde que comenzó la construcción, supuestamente para facilitar el acceso de vehículos al sitio. El hecho de que los manglares siguieran siendo talados muestra que el brazo regulador de la Secretaría de Medio Ambiente, la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente (ASEA), no ha inspeccionado ni supervisado adecuadamente la refinería, alega la demanda.
La ASEA ha sido dirigida desde 2019 por un exasesor de López Obrador, quien fue rechazado por el Senado cuando fue nominado para varios otros puestos de regulación.
La demanda
La solicitud de amparo también alega que, para evitar que la gente conozca los daños que podrían producirse, el Gobierno redactó versiones públicas de los estudios de impacto ambiental de la refinería, violando el derecho del público a participar en su proceso de autorización.
En los documentos redactados, “es imposible conocer los tres polígonos que compondrán el Proyecto, lo cual imposibilita todo escrutinio de los efectos ambientales que tendrán el mismo”, alega la demanda. “Dicha información hubiera permitido confrontar a la autoridad con una realidad, en el sitio había un humedal de manglar y, por tanto, jurídicamente el desarrollo del Proyecto no podía evaluarse y mucho menos autorizarse”.
La demanda también alega que Pemex afirmó en sus solicitudes de permiso que la refinería afectaría a un área mucho menor que en la realidad. Los datos de Pemex “no responde a evidencia técnica de la forma cómo los gases se esparcirán, ni mucho menos del impacto ambiental que tendrán los mismos”, alega la demanda.