Brasilia. La corte suprema de Brasil abrió este jueves un escenario de imprevisibles consecuencias políticas y judiciales, con un fallo que puso al borde de la libertad al expresidente de izquierda Lula da Silva y asestó un nuevo golpe a la operación anticorrupción Lava Jato.
Los abogados de Lula anunciaron que este viernes pedirán su “liberación inmediata”, tras visitar al exmandatario en la sede de la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, donde purga una sentencia de 8 años y diez meses por corrupción y lavado de dinero.
El vuelco de perspectiva fue posibilitado por la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) de prohibir la ejecución de penas antes de que los acusados agoten todos los recursos disponibles.
Según analistas, Lula en libertad podría fortalecer tanto a su Partido de los Trabajadores (PT) como, paradójicamente, al presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, que supo captar el odio de una parte del electorado hacia el exlíder sindical. Durante la campaña del año pasado, el excapitán del Ejército le prometió a Lula que iba a “pudrirse” en la cárcel.
“La conclusión más inmediata [del fallo del STF] es una oportunidad de mayor radicalización. El grupo bolsonarista se fortalece. La oposición dirá que prevaleció el debido proceso penal y los bolsonaristas afirmarán que la ley tiene que ser más rígida”, dijo Thiago Vidal, de la consultora Prospectiva.
El diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del jefe de Estado, criticó a la vez la decisión del STF y las resistencias del congreso a flexibilizar la tenencia y el porte de armas de fuego, un proyecto clave del bolsonarismo.
“Sueltan a bandidos y desarman al ciudadano. Pobre brasileño”, tuiteó.
La presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, celebró en cambio el fallo: “El STF reconoció, después de 1 año y 7 meses, que Lula fue detenido ilegalmente. La crueldad termina aquí. Seguiremos luchando por la justicia, que es la anulación de la sentencia”, escribió en la misma red social.
La organización Vem Pra Rua (VPR), muy activa en las movilizaciones que en 2016 condujeron a la destitución de la presidenta de izquierda Dilma Rousseff, cuestionó la integridad del presidente del STF, José Antonio Dias Toffoli, y convocó a marchas para el sábado en todo el país.
— Lava Jato cuestionada —
— Lava Jato cuestionada —
El cambio de jurisprudencia debe llevar a examinar la situación de 4,895 personas. No todas serán liberadas, porque los casos de mayor peligrosidad tendrán decretada prisión preventiva.
Esa revisión priva de uno de sus instrumentos favoritos a la Operación Lava Jato, que llevó a la cárcel a decenas políticos y empresarios de primer plano implicados en una trama de sobornos en Petrobras.
“La decisión de revertir la posibilidad de la prisión en segunda instancia está en disonancia con el sentimiento de repudio a la impunidad y con el combate a la corrupción, prioridades del país”, expresaron los fiscales de Lava Jato en un comunicado.
Lula fue condenado como beneficiario de un apartamento en el litoral de Sao Paulo, ofrecido por una constructora a cambio de contratos en la petrolera estatal.
Pero el exsindicalista niega los cargos y se considera víctima de una manipulación judicial para impedirle presentarse a los comicios presidenciales de 2018, en los que resultó elegido Bolsonaro.
Su postura ganó fuerza cuando Bolsonaro designó ministro de Justicia al juez Sergio Moro, emblema de Lava Jato y autor de la primera condena contra el expresidente.
El líder de la izquierda ve en esa designación una prueba de la parcialidad de Moro y exige la anulación del juicio.
El prestigio de Lava Lato se siguió erosionando con las filtraciones del portal periodístico The Intercept Brasil sobre conversaciones que parecen mostrar connivencias entre Moro y los fiscales de la investigación.