Singapur, considerado el país que ha gestionado con más éxito la pandemia y que ha conseguido recobrar prácticamente la normalidad, mantiene segregados a miles de trabajadores inmigrantes, a los que aún no se les permite moverse libremente por la próspera ciudad Estado.
La lista de resiliencia al COVID-19 elaborada por la agencia Bloomberg situaba el mes pasado a Singapur en cabeza, junto a Nueva Zelanda y Australia, de los países que han conseguido hacer frente a la pandemia con mejores resultados y han sido “capaces de proporcionar una calidad de vida prepandémica a sus poblaciones”.
La aparente normalidad alcanzada choca con las restricciones al libre movimiento vigentes para más de 300,000 trabajadores extranjeros, entre cuya población se registran más del 90% de los 61,218 casos de COVID-19 confirmados.
“Singapur ha logrado frenar desde hace meses la pandemia a cambio de un enorme coste, que aún a día de hoy pagan los trabajadores inmigrantes”, apunta Alex Au, subdirector de la oenegé Transient Workers Count Too (TWC2), al denunciar el trato “discriminatorio e innecesario” con esta población.
La idílica situación de Singapur, que vive por otra parte con sus fronteras prácticamente cerradas desde hace más de un año con la obligatoriedad de cuarentenas de hasta tres semanas, se está viendo alterada por un repunte de casos en los últimos días.
El Gobierno anunció el cierre desde el sábado de cines y gimnasios y la limitación del aforo de espectáculos, ceremonias religiosas y otros eventos públicos; un paréntesis tras levantar casi todas las restricciones a finales de diciembre gracias a su eficiente sistema de rastreo del virus.
En medio de esta euforia de éxito, Singapur anunció este último jueves que albergará el Foro Bloomberg de Nueva Economía entre el 16 y el 19 de noviembre, con 400 participantes, que se suma al Diálogo Shangri La y al Foro Económico Mundial, que también se celebrarán este año en la ciudad-Estado.
La normalidad no llega sin embargo a la mano de obra extranjera que vive en barracones. Tras un nuevo brote, las autoridades han decidido aplazar un programa que iba a permitir a los migrantes una mayor flexibilidad de movimiento durante al menos un día al mes.
“Lo último que queremos es que la gente se relaje y los casos salten al resto de la comunidad, esto puede provocar una nueva ola de infecciones”, alegó el domingo Tan See Leng, viceministro de Mano de Obra, sobre este último retraso.
Nueve horas de libertad a la semana
Procedentes de India, Nepal, Bangladés y otros empobrecidos países asiáticos, la gran mayoría de estas personas son empleados a través de subcontratas en el sector de la construcción, la manufactura y otros trabajos físicos poco demandados entre los locales.
Durante el azote más fuerte de la pandemia en Singapur, entre abril y agosto del 2020, estos trabajadores permanecieron aislados en sus habitaciones, donde convivían hasta 24 personas entre mínimos estándares de salubridad, lo que propició la propagación del virus.
Una carencia de libertad de movimiento que meses después, y a pesar de que el número de contagios entre este sector poblacional ha bajado drásticamente, ha cambiado muy poco.
Desde febrero, los migrantes, que sí cumplen con su jornada laboral, solo pueden solicitar a sus empleadores permiso para salir de los barracones tres veces por semana y con un límite de tres horas en cada ocasión.
El ajustado margen de tiempo les impide recorrer grandes distancias, ya que los barracones suelen estar en las afueras de la ciudad y lejos del acceso al servicio de transporte público, por lo que en la práctica han quedado segregados del resto de la comunidad.
“Las autoridades los tratan como unidades económicas que permite al país seguir funcionando, pero no los ven como personas con derechos fundamentales tales como la libertad de movimiento”, comenta el activista.
Promesas cumplidas
La gran densidad poblacional de los barracones para trabajadores migrantes fue el caldo de cultivo perfecto para que el virus se extendiera rápidamente entre los residentes.
Las autoridades singapurenses descubrieron en diciembre, tras realizar pruebas serológicas a estos trabajadores, que el 47% padecieron el COVID-19, la gran mayoría asintomáticos.
Como respuesta a la ola de contagios, las autoridades han construido nuevos centros para alojar a los migrantes con el objetivo de disminuir la densidad a un máximo de diez personas por habitación.
“Además muchos trabajadores regresaron a su país a finales de año y no han podido regresar (debido a las restricciones fronterizas), por lo que el país tiene un déficit del 20% de trabajadores”, incide Au, lo que también alivia la capacidad de los barracones, pero ralentiza los trabajos en varios proyectos.