Los cocaleros de la Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, el mayor sindicato del sector en Bolivia, ratificaron este lunes como su máximo dirigente al expresidente del país Evo Morales y resolvieron iniciar un nuevo proceso penal contra la exmandataria interina Jeanine Áñez.
El mismo Morales confirmó la ratificación en su cuenta en Twitter en la que agradeció a sus “hermanas y hermanos” cocaleros por elegirle “nuevamente presidente de las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba”.
“Siento mucha alegría y emoción ante la fortaleza de nuestras Federaciones a las que acompañan otros sectores sociales”, escribió el exgobernante.
Morales nació a la vida política en los sindicatos de cocaleros del Trópico de Cochabamba, en los que ingresó por primera vez como secretario de Deportes en 1983.
En 1985 fue nombrado secretario general de un sindicato; en 1988 asumió como ejecutivo de la Federación del Trópico y desde 1996 preside el comité de coordinación de las seis federaciones cocaleras, que son las más importantes de Bolivia.
El político no dejó de presidir a las federaciones de cocaleros del Trópico de Cochabamba, su bastión sindical y político, durante sus casi catorce años de Gobierno entre el 2006 y 2019.
En el 2017, Morales promulgó una ley que aumentó la extensión legal de cultivos de hojas de coca de 12,000 a 22,000 hectáreas, muy criticada por los cocaleros de los Yungas de La Paz, porque según ellos favorece a los productores del Trópico.
La hoja de coca está consagrada en la Constitución boliviana por sus usos tradicionales y medicinales, pero una parte de la producción se desvía al narcotráfico para fabricar cocaína.
Los cultivos de hojas de coca en Bolivia se incrementaron un 15% en el 2020, de 25,500 hectáreas en el 2019 a 29,400 hectáreas el año pasado, según la Oficina de la Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC).
Contra Áñez
Morales también anunció que el congreso de cocaleros “aprobó por unanimidad” iniciar un “juicio penal en vía ordinaria contra Jeanine Áñez y sus cómplices golpistas por atentar contra el derecho a la educación”.
El expresidente aludió así a la decisión del Gobierno transitorio de Áñez de clausurar anticipadamente la gestión escolar en el 2020 ante la pandemia del COVID-19, algo que el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) ha criticado siempre.
“No contentos con robar al Estado y masacrar al pueblo, intentaron condenarnos a la ignorancia para someternos. Esa es la política de la derecha. El pueblo demanda justicia por estos graves delitos contra derechos humanos y constitucionales”, agregó.
Áñez está en prisión desde hace medio año dentro de un proceso iniciado en su contra a instancias del oficialismo que la acusa de delitos como conspiración, terrorismo y sedición por el supuesto “golpe de Estado” del 2019.
El MAS considera que la salida de Evo Morales del poder en el 2019 fue por un golpe de Estado, mientras que sus detractores sostienen que la crisis fue consecuencia de un fraude electoral en beneficio del entonces presidente en los fallidos comicios generales de ese año.
El oficialismo ha iniciado una decena de procesos en contra de Áñez, algunos por la vía ordinaria y otros juicios de responsabilidades, aunque la corriente más cercana a Morales considera que estos últimos, que debe aprobar el Parlamento, no corresponden porque eso supondría reconocer la legalidad de la transición.