La Convención Constitucional chilena concluyó este viernes el primer paso para pulir el borrador de Constitución que, de ser aprobado en un plebiscito el 4 de septiembre, reemplazará a la Carta Magna impuesta por la dictadura militar hace 41 años.
Son muchos los nudos que deben resolver los 154 convencionalistas para pavimentar el camino que lleve a la concreción del borrador y están contra el tiempo. La Convención debe presentar a los chilenos su proyecto constitucional el 4 de julio y será votado dos meses después.
Tres comisiones, integradas por 88 de los 154 convencionalistas, trabajaron los últimos días en la introducción de texto, en la revisión de las 499 normas que contiene para asegurarse que sean coherentes y no repetitivas, y en la hoja de ruta para pasar de la institucionalidad vigente a la nueva. Los informes de los grupos se votarán en el pleno de la Convención en dos sesiones durante la primera quincena de junio.
La presidente de la Convención, María Elisa Quinteros, dijo en Mejillones, 1,400 kilómetros al norte de la capital chilena, que a pesar de “las intensas jornadas que vivimos las últimas semanas, con sesiones maratónicas e innumerables votaciones, llegamos a esta etapa revitalizados luego de una semana llena de actividades” en el norte.
El borrador de Constitución establece que “Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico”, mantiene la actual distribución del poder, reemplaza el Estado subsidiario por uno de protección de derechos sociales y avanza en la descentralización del país con autonomías regionales y “autonomías territoriales indígenas” en un país con “un territorio único e indivisible”.
También reconoce por primera vez a nivel constitucional a 11 pueblos originarios en un país en el que los indígenas son el 12.8% de los 19 millones de chilenos.
Muchas normas necesitan leyes para que se concreten, como los sistemas de salud, de seguridad social y los derechos a una “vivienda digna y adecuada” y a un “trabajo decente”.
Si el actual Congreso --fragmentado políticamente y con un Senado eliminado por los constitucionalistas en su borrador-- no alcanza acuerdos para aterrizar en leyes las normas, o si no cumple los plazos que establecerá la comisión de normas transitorias, podrían terminar sólo en el papel. No hay sanciones si el Congreso no cumple su tarea de legislar.
La Convención, dominada mayoritariamente por la izquierda, desconfía de los parlamentarios. La convencionalista Loreto Vallejo señaló que “si la gente ve que no pasa nada, tendrá que volver a las calles”.
La misma comisión de normas transitorias debe fijar si más de una veintena de senadores electos el año pasado por ocho años deberá cesar sus funciones en el 2026 --cuando hay elecciones de presidente, diputados y de la mitad del Senado-- o si podrán concluir su mandato.
Si el borrador de Constitución es rechazado en el plebiscito de setiembre, seguirá vigente la Ley Fundamental de la dictadura de Augusto Pinochet, (1973-1990), que ha subsistido con decenas de reformas. Sin embargo, sectores de la oposición de centroderecha ha expresado su disposición de introducirle nuevos cambios.
El proceso constitucional chileno surgió de un acuerdo político transversal en noviembre del 2019 después de un estallido social y protestas contra las desigualdades.
Casi un año después, 78% de los chilenos votó por cambiar la Constitución y en mayo del 2020 eligió a los integrantes de la Convención Constitucional, que cesarán en sus funciones el 5 de julio, un día después de entregar su proyecto constitucional definitivo.