El expresidente de Bolivia, Evo Morales, durante una rueda de prensa el martes en la Ciudad de Buenos Aires. (Foto: EFE)
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, durante una rueda de prensa el martes en la Ciudad de Buenos Aires. (Foto: EFE)

El gobierno transitorio de Bolivia decidió investigar a unas 600 autoridades de la administración del expresidente Evo Morales por sospechas de corrupción, informó este miércoles el Ministerio de Justicia.

Se decidió iniciar las investigaciones contra 592 exautoridades del órgano ejecutivo del anterior gobierno”, entre ellas el presidente Morales, su vicepresidente Álvaro García, sus ministros, viceministros, jefes de gabinete y personal de confianza de la administración pública, dijo Mathías Kutsch, director de Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Justicia.

Kutsch precisó en conferencia de prensa que la indagación es para “identificar quienes son las personas que han cometido delitos de corrupción, que han desviado los recursos públicos y, principalmente, lo han desviado a otros países”.

Aunque no dio nombres, el funcionario informó que las pesquisas irán contra exautoridades “actualmente refugiadas en el extranjero”.

Morales, su exvicepresidente García, varios miembros de su gobierno y exejecutivos de empresas estatales están fuera del país, y un reducido grupo, entre nueve y 10, se encuentra asilado en la embajada de México en La Paz.

El ejecutivo interino, liderado por Jeanine Áñez, asumió funciones el 13 de noviembre pasado, tras la dimisión tres días antes de Morales por una fuerte convulsión social contra su victoria en las elecciones de octubre, empañadas por acusaciones de fraude.

Desde su llegada al poder, Jeanine Áñez denunció con frecuencia actos de corrupción durante los casi 14 años de gobierno del exmandatario Morales.

Hasta ahora varias instituciones han sido señaladas como blanco de casos de corrupción, como la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, la empresa Mi Teleférico, la petrolera YPFB, los ministerios de Minería, Salud, de la Presidencia y la gestora de pensiones.

Kutsch concluyó que hasta abril se espera un primer reporte si se confirman los hechos de corrupción y se hallan otros, casi un mes antes de las elecciones presidenciales fijadas para el domingo 3 de mayo.