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Por Shannon K O’Neil
Con el presidente electo de EE.UU., Joseph Biden, tan versado y viajado por América Latina, el optimismo sobre el curso futuro de las relaciones de Estados Unidos con sus vecinos del sur está aumentando. Pero tanto en diplomacia como en finanzas, el desempeño pasado no es garantía de resultados futuros.
Los cambios momentáneos en América Latina, sin tener en cuenta los cuatro años de negligencia maligna por parte de Estados Unidos, harán que sea casi imposible que la Administración de Biden continúe donde se quedó la Administración de Obama.
Lo que se necesita es un nuevo enfoque que aborde las actuales crisis de salud y migración, transforme la promoción tradicional de Estados Unidos de la democracia, la seguridad y el comercio e incorpore a las naciones latinoamericanas en la agenda más amplia de política exterior global.
Cuando Biden guió por última vez la política de Estados Unidos para América Latina como principal emisario del presidente Barack Obama en la región, casi todos sus países eran democracias seguras y estables. Las naciones de la región en general cumplían los objetivos de elecciones libres y justas, separación de poderes y otras reglas establecidas en la carta democrática del 2001 de la Organización de Estados Americanos.
La saludable cruzada de la región contra la corrupción estaba en plena floración. Fue en medio de un boom económico de más de una década, en el que superaron a muchas otras regiones del mundo. El porcentaje de personas que vivían en la pobreza se había reducido a 30%, desde 45% al comienzo del milenio, y las filas de la clase media se habían incrementado, elevando el nivel de vida y las expectativas populares de una vida aún mejor en el futuro. Avancemos rápidamente hasta el 2020, y la democracia está contra las cuerdas.
Freedom House estima que en cada uno de los últimos cuatro años, los países latinos restringieron la libertad de prensa, limitaron las organizaciones de la sociedad civil y abusaron de los derechos humanos. Los populistas, ya sean de izquierda o de derecha, se ganaron cada vez más elecciones y, una vez en el cargo, muchos han manipulado el poder para fortalecer su ventaja. Venezuela y Nicaragua ya no se consideran libres en las clasificaciones de Freedom House, mientras que México, Colombia, Bolivia, Guatemala y El Salvador se encuentran entre muchos países de América Latina calificados solo parcialmente como libres.
Peor aún, la fe del público en la promesa de la democracia se ha desgastado. Según el grupo de encuestas sin fines de lucro Latinobarómetro, menos de la mitad de los latinoamericanos creen ahora que la democracia es la mejor forma de gobierno (casi 10 puntos porcentuales menos desde 2015).
Pocos se sienten bien con sus sistemas judiciales, y en Brasil, Perú y El Salvador menos de uno de cada diez ciudadanos aprueba sus legislaturas y sus partidos políticos. Las campañas anticorrupción se han agotado en gran medida. La épica investigación brasileña de corrupción Lava Jato se desvaneció cuando el Congreso tomó medidas legislativas para limitar las investigaciones y mensajes de texto filtrados empañaron la imparcialidad percibida de los fiscales y el famoso juez Sergio Moro.
A pesar de las revelaciones explosivas de sobornos por parte de su conductor desde hace mucho tiempo, la expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner ha evitado la cárcel y, en cambio, se ha convertido en vicepresidenta.
Y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha anunciado que la corrupción ha terminado en su país (lo que significa que no es necesario realizar más investigaciones), incluso a medida que aumentan las pruebas contra sus propios familiares. Las instituciones anticorrupción han desaparecido: la innovadora Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala fue disuelta en el 2019; Honduras cerró su esfuerzo paralelo a principios del 2020.
La clase media de América Latina resultó frágil. Las tasas de pobreza comenzaron a repuntar después de 2015 a medida que las economías se desaceleraron o se estancaron. Y el COVID-19 aceleró estas tendencias, enviando a más de 40 millones de personas a la miseria. América Latina enfrenta una crisis humanitaria sin precedentes a causa de la migración.
La represión política, la desesperación económica, la violencia y los efectos del cambio climático han empujado, en los últimos cuatro años, a unos 4 millones de venezolanos a huir de su país; también lo han hecho más de un millón de centroamericanos; otros 500,000 colombianos han sido desplazados internamente. No solo sufren estos millones de extranjeros, también sufren las comunidades abrumadas y los países que los han acogido.
El COVID-19 continúa devastando la región, la primera y la segunda ola se desdibujaron por incrementos implacables en las tasas de casos y el número de muertes. América Latina ha sufrido más casos, más muertes, y ha recibido un mayor impacto económico que casi cualquier otro lugar del mundo.
Algunas cosas en América Latina se han mantenido estables e incluso han mejorado. La cantidad de años que los jóvenes latinoamericanos pasan en la escuela, por ejemplo, ha seguido aumentando, al menos hasta que llegó la pandemia.
La violencia ha disminuido en muchos lugares, especialmente en América Central, y las tasas de homicidio se han estabilizado en la mayor parte de América del Sur. Pero en general, la región es un lugar mucho menos esperanzador que cuando Biden estaba al mando de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Y a medida que su nueva Administración busca volver a involucrarse, se enfrenta a una competencia geopolítica más intensa; China ha logrado avances económicos y diplomáticos.
Durante la última década, ha desplazado a Estados Unidos como el socio comercial número uno de Argentina, Chile, Perú, Uruguay y Brasil, y ha ganado terreno en México y Colombia. Decenas de miles de millones de dólares de inversión chinos se han destinado a las redes eléctricas brasileñas, las carreteras argentinas, la red inalámbrica mayorista de México, las terminales portuarias peruanas y las plantas de procesamiento de litio de Bolivia.
Diplomáticamente, varios países se unieron a la iniciativa de la Franja y la Ruta de China, y Pekín cortejó a Panamá, El Salvador y República Dominicana para alejarlos de sus relaciones diplomáticas con Taiwán. Estados Unidos también ha marcado el equivalente a varios autogoles. Después de la diplomacia de suma cero y las tácticas comerciales punitivas de Trump, pocos ven a Estados Unidos como un socio estable o confiable.
El nepotismo de su Administración, la combinación de los intereses personales y nacionales y la respuesta antidemocrática a los resultados de la contienda presidencial han hecho que sea aún más difícil exhortar a otras naciones a tomar un camino más profesional y transparente. Más recientemente, la decisión del gobierno de Estados Unidos de retirar los cargos de narcotráfico y lavado de dinero contra el exjefe de defensa mexicano, el general Cienfuegos, sugiere que la justicia estadounidense puede ser intimidada o comprada.
Biden debería comenzar con las crisis inmediatas que azotan al continente. Estados Unidos puede ayudar a crear sistemas de distribución de vacunas equitativos para aliviar los costos humanos de la pandemia y reactivar las economías de la región. También puede ayudar a mitigar los costos humanitarios y políticos de una migración sin precedentes. Es probable que incluso más venezolanos se vayan después de las falsas elecciones legislativas de este mes (la oposición ya anunció un boicot) y la creciente represión política.
El aumento de los costos sociales y políticos de albergar la afluencia de cientos de miles de refugiados venezolanos se produce cuando la región entra en un superciclo electoral: Perú, Ecuador, Chile y Honduras celebrarán elecciones presidenciales, mientras que Argentina, El Salvador, Bolivia y México se enfrentan a elecciones de mitad de período y para gobernaciones.
Mientras tanto, las detenciones en la frontera sur de Estados Unidos han aumentado desde mayo, llegando a 70,000 en octubre. Este nivel es cercano al de febrero de 2019, cuando entraron en vigencia los Protocolos de Protección Migratoria, también conocidos como Permanecer, en México, los cuales obligaban a los solicitantes de asilo centroamericanos a esperar en México a que se procesaran sus solicitudes.
Los costos económicos de la pandemia, la devastación física de dos grandes huracanes y la esperanza de que una política migratoria de Biden sea menos punitiva (esperanzas también alimentadas por los coyotes, que buscan ganar dinero) probablemente lleve a más migrantes centroamericanos al norte. Para protegerse contra la agitación política en América del Sur y evitar una posible crisis interna en EE.UU., la Administración Biden deberá aliviar el sufrimiento humano inmediato, incluso mientras desarrolla un plan regional coherente para frenar el éxodo y ayudar a las personas y las familias a mejorar su situación en casa lo suficiente para quedarse.
Como verdadero creyente en la democracia, los derechos humanos, la protección laboral y los esfuerzos anticorrupción, Biden debería lanzar planes para apuntalar una política exterior basada en valores. Los programas tendrán que volver a lo básico, ayudando a reconstruir un andamiaje del gobierno, la sociedad civil y la prensa investigadora para recuperar el terreno perdido en los últimos años.
Biden también tiene la oportunidad de reformular la política sobre las drogas, a fin de enfocarse en reducir el daño que las drogas ilegales causan a ciudadanos y comunidades en todo el hemisferio. Estos enfoques pueden ayudar no solo a superar el escepticismo sobre los compromisos de Estados Unidos, sino también a proporcionar un fuerte contraste con el modelo de China.
A medida que Biden redefine la agenda global de Estados Unidos, dar prioridad a América Latina puede beneficiar tanto al norte como al sur. Debido a que América Latina soporta los altos costos del cambio climático y tiene importantes recursos libres de carbono para explotar, un continente más verde puede promover mejor los objetivos climáticos globales e impulsar las economías debilitadas en todo el hemisferio.
Mientras EE.UU. busca apuntalar y asegurar las cadenas de suministro de fabricación, América Latina también puede ser un socio crucial. La pandemia actual y los desastres naturales anteriores nos han enseñado que la concentración geográfica trae sus propias vulnerabilidades de seguridad nacional. Para construir cadenas de suministro realmente resilientes, EE.UU. deberá diversificar sus socios.
Además, más comercio con vecinos cercanos es, en general, mejor para las empresas con sede en EE.UU. y sus trabajadores: aumenta la probabilidad de que parte de la producción se realice en el hogar como parte de una cadena de suministro en lugar de que todo el proceso ocurra al otro lado del océano.
La buena noticia es que asociarse con América Latina es relativamente fácil. El presidente electo de Estados Unidos se beneficia de una enorme buena voluntad entre los 650 millones de ciudadanos de América Latina (a pesar de las posturas vergonzosamente desfasadas de los presidentes mexicano y brasileño que todavía se niegan a reconocer la victoria de Biden).
En cambio, la audiencia más dura de Biden estará en casa, ya que tendrá que vender un enfoque más amplio y profundo de la región a un Estados Unidos políticamente dividido. Sin embargo, es factible: las encuestas muestran que tres de cada cuatro estadounidenses apoyan la inmigración y valoran el comercio. Entienden que tales lazos y apertura ayudan no solo a la nación sino, en general, a sus perspectivas económicas individuales.
Tras una vida de servicio público, Biden puede tener suficientes fichas políticas a las cuales acudir con el fin de transformar la política exterior de Estados Unidos para mejor. El mejor y más natural lugar para comenzar estará cerca.