El estado de Nueva York anunció que presentó una acción judicial contra la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA) y su líder Wayne LaPierre por fraude financiero y conducta inapropiada, con el objetivo de disolver el grupo de lobby conservador.
“La influencia de la NRA ha sido tan poderosa que la organización no fue controlada durante décadas mientras los altos ejecutivos desviaban millones a sus propios bolsillos”, dijo la fiscal general del estado, Letitia James.
“La NRA está plagada de fraudes y abusos, por lo que hoy buscamos disolver la NRA, porque ninguna organización está por encima de la ley”, señaló James.
Según la fiscal, LaPierre y otros tres altos funcionarios de la NRA usaron fondos y donaciones de miembros por años como su “alcancía personal”, y gastaron decenas de millones de dólares en sí mismos y en cómplices violando las leyes que rigen a las organizaciones sin fines de lucro.
Los cuatro “básicamente saquearon sus activos”, dijo James, y dejaron prácticamente insolvente al grupo otrora rico que inyectó millones en campañas políticas republicanas.
Durante décadas, la NRA ha representado a millones de propietarios y defensores de armas en todo Estados Unidos, luchando con un éxito sustancial para debilitar y eliminar leyes que impusieran controles, usando como pretexto la Segunda Enmienda de la Constitución.
En la política, la NRA respaldó a los candidatos que se alinearon con sus puntos de vista y golpeó a quienes apoyaron la regulación de las armas de fuego.
LaPierre, que dirigió la NRA durante casi tres décadas, se convirtió en uno de los principales hombres de poder en relación al tema en Washington.
Pero James dijo que LaPierre usó ilícitamente fondos de la NRA para pagar aviones privados para llevar a su familia a lujosas vacaciones en las Bahamas, y desvió millones de dólares sin explicación a través de una agencia de viajes.
LaPierre también aceptó regalos de lujo y viajes de proveedores de la NRA, y se otorgó un paquete de retiro de US$ 17 millones sin la aprobación de la junta de la asociación.
La demanda acusa al extesorero de la NRA Wilson Phillips de contratarse a sí mismo como consultor de la organización por US$ 1.8 millones, y de ocultar decenas de millones en gastos para ejecutivos de la NRA. Entre ellos, los pagos al contratista de relaciones públicas, Ackerman Queen.
Otros dos funcionarios también fueron acusados de esquemas similares y de prácticas de nepotismo.
La acusación de James se produce cuando se esperaba que la NRA, aunque económicamente debilitada, inyectara grandes sumas en las elecciones generales de noviembre.