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Estados Unidos sancionó a tres personas y empresas con sede en México a las que acusó de participar en una red para intentar evadir las sanciones a Venezuela impuestas por Washington para presionar por el fin del ilegítimo gobierno de Nicolás Maduro.
El Departamento del Tesoro dijo que Joaquín Leal Jiménez, Olga María Zepeda Esparza y Verónica Esparza García, así como las entidades Libre Abordo y Schlager Business Group y otras bajo su control, fueron incluidos en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Esto significa que todos los bienes y activos que tengan bajo jurisdicción de Estados Unidos quedan bloqueados, y se les prohíbe toda transacción que involucre a individuos y entidades estadounidenses.
Las sanciones alcanzan a un total de ocho entidades extranjeras y dos buques, uno de bandera de Panamá y otro de Liberia.
El Tesoro dijo en un comunicado que “el régimen ilegítimo de Maduro creó una red secreta para evadir las sanciones” al sector petrolero de Venezuela. La compañía estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), puntal de la economía del país caribeño, fue sancionada por Washington el 28 de enero del 2019.
Según el gobierno estadounidense, el exvicepresidente y actual ministro de Petróleo venezolano, Tareck El Aissami, prófugo de la justicia estadounidense por narcotráfico, organizó una “red de facilitadores” para orquestar “esquemas opacos” para negociar la reventa de más de 30 millones de barriles de crudo.
En ese marco, dijo, desde al menos el 2019, Leal operó con el empresario colombiano Alex Saab, señalado por la oposición venezolana como el “testaferro” de Maduro y arrestado el viernes en el archipiélago africano de Cabo Verde.
“El ilegítimo régimen de Maduro continúa robando recursos venezolanos para reforzar su control autoritario sobre el pueblo”, dijo el secretario de Estado, Mike Pompeo.
“Esta medida es otra advertencia de que cualquier persona o empresa que facilite este robo ya no disfrutará de acceso al sistema financiero de Estados Unidos”, añadió.
Estados Unidos lidera desde enero del 2019 una campaña internacional para propiciar la salida de Maduro, cuya reelección en mayo del 2018 considera fraudulenta y a quien atribuye corrupción generalizada y graves abusos a los derechos humanos, así como la debacle económica de la otrora potencia petrolera.