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Por Karl W. Smith
Se acera el receso de fin de año y aún falta que el Congreso apruebe un paquete de ayuda final para 2020. Los últimos puntos conflictivos son la resistencia republicana al apoyo estatal y local y las dudas demócratas sobre un escudo de responsabilidad por COVID para las empresas.
La respuesta a este impasse es algo que sugerí hace casi dos meses: separar las partes difíciles de negociar del resto del proyecto de ley. Esto permitirá que los fondos críticos para los trabajadores y las empresas avancen y, al mismo tiempo, garantizará a cada una de las partes que queda en pie un medio para que se aprueben las dos prioridades finales cuando el Congreso se vuelva a reunir el próximo año.
Afortunadamente, hay una propuesta sobre la mesa para hacer precisamente eso. Los líderes del Congreso deben anunciar su apoyo a este plan de inmediato y adoptarlo antes de que surjan otros puntos conflictivos.
La historia de este paquete de ayuda es tensa. Las negociaciones comenzaron durante el verano, pero en ese momento los demócratas estaban comprometidos con una donación de un billón de dólares a los estados y los republicanos aún vacilaban por haber aprobado en cuestión de semanas el mayor proyecto de ley de ayuda.
Cuando las dos partes estuvieron preparadas para ceder, las elecciones del 2020 estaban en pleno apogeo. Esto creó tres grupos distintos con intereses diferentes. El presidente Donald Trump quería aprobar el proyecto de ley más grande posible bajo el supuesto, probablemente correcto, de que le ayudaría a triunfar en lo que pensaba era una elección que tenía posibilidades de ganar.
Los demócratas, encabezados por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, no tenían muchos deseos de hacerle un favor a Trump. Falsamente reconfortados por la sólida ventaja de Joe Biden en las encuestas, buscaron utilizar la desesperación del presidente para impulsar un paquete que, aunque más pequeño que la propuesta del verano, seguía cargado de antiguas prioridades demócratas.
Los republicanos atemorizados por las cifras de Trump en las encuestas se alejaban del presidente y se mostraban reacios a aprobar un paquete de casi una cuarta parte del tamaño de aquel en el que estaban convergiendo los demócratas y la Casa Blanca.
El resultado fue que no hubo ningún paquete de estímulo antes del 3 de noviembre. Tras las elecciones, los antiguos incentivos se desvanecieron y los partidos han pasado gran parte del tiempo explicando por qué se retractaron de sus posiciones anteriores.
Pelosi tuvo que justificar por qué, después de rechazar una propuesta de US$ 1.8 billones de la Casa Blanca, estaba considerando una del Senado por la mitad de ese monto.
El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, recurrió a trucos contables para ayudar a los senadores republicanos a justificar su voluntad de duplicar su oferta de gastos ahora que no solo no ayudaría al presidente, sino que inevitablemente se sumaría a una ronda adicional de alivio diseñada por la Administración entrante de Biden.
La respuesta a ambas preguntas es que el alivio es muy necesario y los líderes de ambos partidos lo saben. Estados Unidos aún se encuentra en las etapas iniciales de la ola más intensa del virus, justo cuando los hogares están gastando el dinero que ahorraron con la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES, por sus siglas en inglés) aprobada en marzo.
La política, sin embargo, los tiene arrinconados. El acuerdo actual estuvo a punto de fracasar la semana pasada ante los pedidos de una ronda adicional de cheques de estímulo de US$ 1,200. Era una buena propuesta, pero a ese nivel aumentaría el costo del proyecto de ley por encima de lo que los senadores republicanos podrían justificar.
Ahora, el rencor de la izquierda ha hecho que sea cada vez más difícil para los demócratas suscribir la demanda de los republicanos del escudo de responsabilidad. Podrían usar eso como elemento de negociación para obtener el apoyo de los republicanos con fondos estatales y locales.
Las preocupaciones por el riesgo moral subyacen a la oposición a ambas ideas. Los activistas de los derechos de los trabajadores temen que una cobertura de responsabilidad disuada a las empresas de proteger adecuadamente a sus trabajadores ante el COVID-19.
A los llamados “halcones fiscales” les preocupa que rescatar a los estados, cuyos ingresos en algunos casos han aumentado en 2020, solo los alentará a reducir lo que muchos ya ven como fondos inadecuados para tiempos difíciles.
Estas dos preocupaciones, aunque en teoría son válidas, son inapropiadas para la crisis que enfrenta EE.UU. Tanto las empresas como los Gobiernos estatales se enfrentan a grandes incertidumbres durante los próximos meses. Sin embargo, una vez que la nación sortee este período difícil, la vacuna ofrece la posibilidad de una recuperación radical.
Si las empresas y los Gobiernos estatales realizan recortes preventivos en los servicios y las empresas pierden o renuncian a ingresos debido a la incertidumbre sobre las demandas, ese repunte económico queda bajo amenaza.
En un mundo ideal, el Congreso haría concesiones y aceptaría ambas cosas ahora. La política partidista, sin embargo, ha frustrado este paquete de ayuda más de una vez. Sería una tontería dejar que sucediera de nuevo.
Esperar más para anunciar un acuerdo solo aumenta las posibilidades de que surja algún nuevo punto de fricción. Así, los líderes del Congreso deberían anunciar su apoyo bipartidista para el paquete más pequeño de inmediato y dejar el resto para 2021.