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En plena lucha contra el coronavirus, la comunidad internacional comprometió US$ 653 millones en donaciones para ayudar a los países de América Latina en la “generosa” acogida de millones de ciudadanos que se marcharon de Venezuela.
“Podemos estar orgullosos de lo que conseguimos”, subrayó la canciller española, Arancha González Laya, quien precisó que la contribución total, contando también préstamos entre otros, es de US$ 2,790 millones.
La Unión Europea (UE) y España, con el apoyo de las agencias de la ONU para los Refugiados (Acnur) y las Migraciones (OIM), convocaron la conferencia de donantes para responder a los llamados urgentes de los países de la región.
La UE anunció que aportará unos US$ 158.6 millones para atender planes de ayuda a los millones de migrantes y refugiados venezolanos que han salido en los últimos años huyendo de la compleja crisis que golpea a Venezuela y que amenaza con agravarse por la pandemia del nuevo coronavirus.
La contribución fue anunciado por el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, quien indicó, durante una conferencia internacional de donantes en solidaridad con los refugiados y migrantes venezolanos que se realizó en Bruselas, que los 144.2 millones de euros (unos US$ 158.6 millones) serán dispuestos para ayuda humanitaria, cooperación en desarrollo y prevención de conflictos.
Además de estos aportes el Banco Europeo de Inversiones ofrecerá préstamos por 400 millones de euros (unos US$ 440 millones), precisó Borrell.
Por su parte, la ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, dijo que su gobierno dispondrá un paquete de 50 millones de euros (unos US$ 55 millones) por tres años para apoyar la crisis en Venezuela, que incluye la respuesta a la región con particular énfasis en Colombia, Perú y Ecuador, que han sido tres de los principales receptores de migrantes venezolanos en los últimos años.
Asimismo, Canadá se comprometió a aportar US$ 27 millones para planes de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones.
Grave crisis
Venezuela vive una grave crisis socioeconómica, institucional y política desde el 2015. Desde entonces, poco más de 5 millones de personas abandonaron la otrora potencia petrolera, en su mayoría a países vecinos, según datos de la ONU.
En palabras del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, “esta es la mayor crisis migratoria de la historia reciente de América Latina” y “a nivel global, la mayor después de la Siria”, país sumido en una guerra civil.
“América Latina y el Caribe respondieron desde el principio [de la crisis migratoria] con solidaridad, hospitalidad y generosidad”, apuntó Antonio Vitorino, director general de la OIM, que llamó a estar “a la altura del reto”.
Pero “la compleja coyuntura del COVID-19 ha venido a complicar esta situación”, en palabras del canciller peruano, Gustavo Meza-Cuadra, que en octubre, junto a sus pares latinoamericanos, ya solicitó el apoyo internacional.
La plataforma regional liderada por la OIM y Acnur estima en US$ 1,410 millones la ayuda necesaria en el 2020, de los que recaudaron un 10% antes de la conferencia.
Del monto total, casi US$ 430 millones se destinarían a acciones sanitarias relacionadas con la lucha contra el nuevo coronavirus, que golpea con fuerza América Latina y el Caribe con más de 40,000 muertos por 770,000 contagios.
El “peor régimen”
El nuevo coronavirus, que irrumpió en diciembre en China, complicó los esfuerzos de atención de los migrantes en la región, mientras, dentro de Venezuela, sigue el pulso entre el presidente Nicolás Maduro y el líder opositor Juan Guaidó.
A modo de ejemplo, la economía de Colombia, que acoge a unos 1.8 millones de venezolanos y donde murieron 750 personas por el COVID-19, se contraerá 2.4% en el 2020, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El desempleo generado por las medidas para contener la pandemia y el temor de ser objeto de discriminación han hecho que cientos de migrantes hayan decidido regresar a su país, pese a las restricciones en la frontera.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, explicó que el 80% de los venezolanos dependen de la economía informal, muy golpeada por el confinamiento, y advirtió de un aumento de la xenofobia.
Acnur y la OIM estiman que Colombia necesitará por ejemplo US$ 782 millones en el 2020 para los migrantes y comunidades de acogida, más que Ecuador (US$ 208 millones), Perú (US$ 149 millones), Brasil (US$ 88 millones) y Chile (US$ 35 millones).
La canciller colombiana, Claudia Blum, que alertó de la situación sanitaria en Venezuela, avanzó su intención de reforzar los sectores de la salud y educación, así como la integración económica de los migrantes venezolanos.
“Si no termina rápidamente la dictadura en Venezuela, esta situación se va a agravar”, subrayó el presidente colombiano, Iván Duque, que abogó por un gobierno de transición y elecciones rápidas en el país vecino.
El evento llega en plena tensión con Washington por las denuncias de una frustrada incursión marítima a Venezuela, de la que Caracas responsabiliza a Guaidó, Estados Unidos y Colombia, y el acercamiento de Maduro a Irán.
El régimen de Maduro, cuya legitimidad disputa Guaidó al que más de 50 países consideran presidente interino, calificó la conferencia de “estrategia distractiva” de Washington y la UE, en palabras del canciller Jorge Arreaza.
Los migrantes “huyen del peor régimen totalitario de América Latina jamás conocido”, dijo su par brasileño Ernesto Araújo, para quien “la causa de la solidaridad no es completa sin la causa de la democracia”.