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A pesar de la creciente presión internacional, Pekín nombró el viernes a un responsable de seguridad nacional en Hong Kong, la antigua colonia británica, en virtud de una ley controvertida.
La recientemente creada Oficina de Seguridad Nacional, que depende directamente del poder central, tiene por misión reunir información y perseguir los atentados contra la seguridad del estado en Hong Kong.
Se trata de una de las disposiciones de la controvertida ley que Pekín aprobó el martes.
Zheng Yanxiong, de 56 años, estará a cargo de este organismo, anunciaron el viernes los medios de comunicación oficiales.
Zheng, que hizo carrera en Guangdong, la provincia que bordea Hong Kong, es conocido por haber controlado las protestas en en Wukan en el 2011.
Ese pueblo se hizo famoso cuando sus habitantes se sublevaron para expulsar a los caciques locales del Partido Comunista Chino (PCC), a quienes acusaban de enriquecerse a sus expensas confiscando sus tierras.
Un país, dos sistemas
El martes por la noche, el régimen comunista impuso a la excolonia británica un texto muy controvertido que, según sus detractores, viola el principio de “Un país, dos sistemas” que supuestamente garantiza a Hong Kong libertades desconocidas en otros lugares de China.
Hasta el último momento, Pekín mantuvo en secreto el contenido de esta ley destinada a reprimir la subversión, la secesión, el terrorismo y la connivencia con las fuerzas extranjeras, en respuesta al movimiento de protesta lanzado el año pasado contra el poder central.
Muchos juristas han advertido contra la formulación muy vaga de un texto que, al prestarse a todas las interpretaciones, alienta la autocensura.
La nueva ley despierto el pánico en algunos hongkoneses quienes, desde el martes, borran cualquier rastro de su compromiso prodemocracia en las redes sociales.
En Hong Kong, por primera vez desde la promulgación de la ley, un hombre de unos 20 años fue acusado el viernes de “incitación a la secesión” y “terrorismo”.
Temiendo por su seguridad, Nathan Law, uno de los más conocidos activistas de la protesta del año pasado, anunció el jueves que había huido al extranjero.
“Teniendo en cuenta los riesgos actuales, no revelaré mucho sobre mi ubicación y mi situación personal”, dijo en un breve mensaje.
Veintisiete países del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre ellos Francia, Reino Unido, Alemania y Japón, condenaron la nueva ley, mientras que Estados Unidos amenazó a China con represalias, prometiendo no “quedarse con los brazos cruzados”.
En Washington, el Congreso aprobó el jueves una ley que sanciona a los funcionarios chinos que aplican las nuevas reglas y que apunta también a los bancos que las financian.
Para entrar en vigor, la ley aún debe ser promulgada por el presidente Donald Trump. La Casa Blanca no dijo si iba a hacerlo o a vetarla.