El segundo de los tres magistrados responsables por el juicio contra el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, Leando Paulsen, también lo consideró culpable de los crímenes de corrupción y lavado de dinero y estuvo de acuerdo en elevarle la pena a doce años de prisión.
Paulsen, que es presidente de la octava sala del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región, coincidió con el magistrado instructor del proceso, Joao Pedro Gebran, en que la culpabilidad de Lula quedó demostrada, por lo que sólo ahora falta que el tercero de los tres magistrados pronuncie su voto.
Pese a que la condena ya cuenta con mayoría entre los tres miembros de la sala, el resultado sólo podrá ser considerado definitivo una vez proclamado al final de la audiencia debido a que el último de los tres magistrados puede pedir más tiempo para examinar el proceso y cualquiera de los tres puede cambiar su voto
Lula, en su bastión sindical
"Estoy extremadamente tranquilo y con la conciencia de que no cometí ningún crimen", dijo Lula en la sede del Sindicato Metalúrgico en Sao Bernardo do Campo, en el cinturón industrial de Sao Paulo, donde en los años 70 inició su carrera política al frente de las grandes huelgas contra la dictadura militar (1964-1985).
Organizaciones de izquierda llamaron a una marcha a las 17H00 locales (19H00 GMT) en el centro de Sao Paulo, en la cual se anuncia la presencia de Lula. Hay convocadas también protestas contra el exmandatario en la ciudad.
Desafiante, Lula (2003-2010) ha prometido dar batalla hasta el final.
"La única cosa de la que estoy seguro es que solo el día en que muera pararé de luchar (...) Que se preparen porque vamos a volver y vamos a transformar este país", manifestó el expresidente, que denuncia una conspiración para evitar que vuelva al poder.
El abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, pidió "la nulidad del proceso y la nulidad de la sentencia", aduciendo falta de pruebas.
Pero según el juez Gebran Neto, el hecho de que no exista un título de propiedad del apartamento tríplex de Guarujá se debe precisamente a la intención de ocultar que Lula era el verdadero destinatario del inmueble.
El caso se inscribe en la Operación Lava Jato, que desde 2014 ha puesto al descubierto una vasta red de sobornos pagados por constructoras a políticos de todas las tendencias para obtener contratos en Petrobras.
"El expresidente fue uno de los articuladores, si no el principal, del amplio esquema de corrupción" en Petrobras, que fragilizó "todo el proceso político brasileño", sostuvo el juez del TRF4.