
Desde el 1 de febrero de 2026, las ciudades santuario y los estados que las albergan dejarán de recibir fondos por parte del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué significa que la administración Trump condicione ciertos recursos a las autoridades locales y por qué se tomó esa decisión? Las respuestas a ambas interrogantes se presentan en los siguientes párrafos.

LA RAZÓN POR LA QUE TRUMP CORTARÁ LOS FONDOS A ESTADOS SANTUARIO Y QUÉ IMPLICA
A partir del 1 de febrero, el Gobierno de EE.UU. suspenderá los pagos federales a ciudades santuario y a los estados que las albergan, bajo el argumento de que sus políticas protegen a criminales y fomentan “fraude, crimen y todos los de más problemas” en perjuicio de los ciudadanos estadounidenses, así lo dio a conocer Trump en un discurso en el Detroit Economic Club.
Esta medida significa que el gobierno federal dejaría de enviar cierta financiación a estados y ciudades santuario como una manera de presión para que colaboren con las agencias del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Debido a que Trump no detalló con precisión qué sectores serían afectados ni los montos, hay incertidumbre en los presupuestos estatales y locales, aunque el anuncio apunta a un abanico amplio de transferencias federales que van mucho más allá de la seguridad o la migración.
Entre los fondos potencialmente afectados estarían recursos para educación, infraestructura, salud y otros servicios públicos que dependen del presupuesto federal. Esto podría en riesgo partidas asociadas a programas sociales como asistencia alimentaria, ayudas para guarderías y apoyos a familias de bajos ingresos.
¿QUÉ ESCENARIOS LEGALES SE DESARROLLARÍAN?
Tras el anuncio, los alcaldes de ciudades como Chicago y Nueva York señalaron que llevarán el caso a los tribunales, al considerar que los fondos son esenciales para sus comunidades y no pueden quitárselos de un momento a otro por motivos políticos, ya que es inconstitucional.
Vale precisar que este conflicto no es nuevo, ya que la administración Trump intentó en ocasiones anteriores cortar fondos a jurisdicciones santuario, pero tribunales federales bloquearon su pedido y determinaron que solamente el Congreso tiene autoridad para condicionar el uso de fondos federales.







