La Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito dio un nuevo impulso a las restricciones de acceso a redes sociales para menores en Florida. El miércoles 14 de octubre de 2026, un panel revocó la medida cautelar que había bloqueado las disposiciones aprobadas en 2024 y firmadas por el gobernador Ron DeSantis, según informaron NBC South Florida, Fox 13 Tampa Bay y WCTV. La legislación impide que quienes no hayan cumplido 14 años tengan cuentas en determinadas plataformas y exige consentimiento parental a los adolescentes de 14 y 15. Para las familias, conocer qué servicios quedan comprendidos y cuáles son los límites de la autorización adulta resulta fundamental para entender el alcance del fallo. Aunque el pronunciamiento favorece a la administración republicana, el litigio sigue abierto.
La disputa enfrenta la protección infantil frente a funciones consideradas adictivas con los derechos de libertad de expresión en internet. Los tres jueces coincidieron en que las disposiciones cuestionadas probablemente superan el examen constitucional, aunque el proceso continuará en el tribunal federal de primera instancia en Tallahassee.
Para los hogares hispanos de Miami, Hialeah, Orlando y otras comunidades, existe una diferencia fundamental: la HB 3 no establece una prohibición general de navegar por internet. Su alcance se concentra en la creación y el mantenimiento de cuentas dentro de servicios que cumplen los criterios establecidos por la legislación.
La ley de Florida quiere evitar que los niños se vuelvan adictos a las redes sociales (Foto: Magnific)
¿QUÉ ESTABLECE LA LEY DE FLORIDA SOBRE REDES SOCIALES Y MENORES?
Las reglas cambian según la edad. No todos los usuarios de menos de 16 años quedan sujetos a las mismas limitaciones ni el consentimiento familiar funciona igual en cada caso.
- Menores de 14 años: las plataformas comprendidas deben impedir que abran cuentas y cancelar las existentes conforme al procedimiento legal. La autorización de sus padres no permite exceptuarlos.
- Adolescentes de 14 y 15 años: pueden crear o conservar un perfil si cuentan con el permiso de su padre, madre o tutor.
- Personas de 16 años en adelante: estas disposiciones no les imponen las restricciones previstas para los grupos anteriores.
| Edad del usuario | Regla para las plataformas comprendidas | ¿La autorización parental permite tener una cuenta? |
|---|---|---|
| Menos de 14 años | Deben impedir la apertura y proceder al cierre de los perfiles existentes según el procedimiento legal. | No. |
| 14 y 15 años | Deben exigir consentimiento para crear o mantener una cuenta. | Sí. |
| 16 años en adelante | No se aplican estas restricciones específicas por edad. | La HB 3 no exige ese permiso para este grupo. |
Las obligaciones recaen sobre las empresas cubiertas por el estatuto, que también contempla mecanismos para solicitar una baja y disputar su ejecución. Por ello, la resolución no debe interpretarse como una orden de eliminar inmediatamente todos los perfiles infantiles sin respetar los plazos correspondientes.
¿POR QUÉ EL TRIBUNAL RESPALDÓ LAS RESTRICCIONES?
El panel reconoció que la regulación afecta actividades protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Sin embargo, consideró que probablemente lo hace de manera neutral respecto del contenido: no diferencia entre opiniones políticas, creencias religiosas u otros mensajes, sino entre las características de funcionamiento de cada servicio.
Los magistrados aplicaron el llamado escrutinio intermedio, un examen que evalúa si una disposición promueve un interés gubernamental importante sin limitar sustancialmente más expresión de la necesaria. En esta etapa, concluyeron que proteger a los niños frente a la adicción digital permite sostener las condiciones cuestionadas.
También destacaron que el texto distingue por edades, se dirige a determinados operadores y regula los perfiles personales, no necesariamente todo acceso al material disponible en esas páginas o aplicaciones.
El pronunciamiento favorece al estado, pero no constituye una sentencia definitiva que cierre cualquier cuestionamiento sobre su constitucionalidad.
¿QUÉ PLATAFORMAS QUEDAN SUJETAS A LA HB 3?
La legislación no prohíbe de manera indiscriminada todas las aplicaciones populares. Para quedar comprendido en su definición de plataforma de redes sociales, un servicio debe reunir simultáneamente cuatro condiciones.
| Criterio | Qué exige la legislación |
|---|---|
| Contenido de los usuarios | Permitir que las personas suban publicaciones o vean el contenido o la actividad de otros participantes. |
| Umbral de uso entre menores | Que al menos el 10% de los usuarios activos diarios menores de 16 años pase un promedio de dos horas o más al día en el servicio, durante los días de uso del período evaluado. |
| Selección mediante algoritmos | Analizar datos o información de los usuarios para seleccionar el contenido que se les muestra. |
| Funciones consideradas adictivas | Incorporar al menos una de las herramientas enumeradas, como desplazamiento infinito, notificaciones automáticas o reproducción automática de videos. |
El listado también incluye transmisiones en vivo e indicadores de interacción, como contadores de reacciones o de publicaciones compartidas. No basta con ofrecer alguna de esas herramientas: deben cumplirse las demás condiciones legales.
La excepción para la mensajería privada ayuda a entender el alcance. Compartir fotos con los abuelos o coordinar una reunión familiar mediante un servicio dedicado exclusivamente a comunicaciones directas no equivale, bajo esta definición, a mantener un perfil público con recomendaciones algorítmicas.
Esa exclusión comprende servicios cuya función exclusiva sea el correo electrónico o el intercambio de mensajes entre destinatarios específicos. No cubre automáticamente cualquier aplicación que incluya un chat.
¿CÓMO COMENZÓ LA DEMANDA CONTRA LA LEY DE FLORIDA?
La Computer & Communications Industry Association (CCIA) y NetChoice, dos organizaciones que representan a empresas tecnológicas, presentaron la demanda en octubre de 2024. Alegaron que las restricciones vulneraban derechos protegidos por la Primera Enmienda. La autoridad estatal demandada en este expediente es el fiscal general James Uthmeier.
En junio de 2025, el juez federal Mark Walker concedió una medida cautelar que impedía aplicar las disposiciones impugnadas. Posteriormente, el tribunal de apelaciones suspendió ese bloqueo mientras revisaba el caso. Este antecedente resulta clave: la decisión de octubre de 2026 no representa la primera oportunidad para exigir su cumplimiento.
| Fecha | Qué ocurrió |
|---|---|
| 2024 | Ron DeSantis firmó la HB 3. |
| 28 de octubre de 2024 | CCIA y NetChoice presentaron la demanda contra las restricciones. |
| 3 de junio de 2025 | El tribunal federal de primera instancia concedió una medida cautelar que bloqueó las disposiciones cuestionadas. |
| Noviembre de 2025 | El Undécimo Circuito suspendió ese impedimento mientras avanzaba la apelación. |
| 14 de octubre de 2026 | El panel emitió una decisión favorable a Florida y devolvió el expediente al tribunal de distrito. |
| Próxima etapa | El litigio continuará en primera instancia. |
La cronología permite distinguir dos momentos: primero se suspendió temporalmente la cautelar durante la apelación; después, los magistrados resolvieron que no correspondía mantenerla en los términos examinados.
¿QUÉ DIJERON LAS ORGANIZACIONES TECNOLÓGICAS TRAS EL FALLO?
NetChoice expresó su desacuerdo y anunció que evalúa sus opciones legales. Paul Taske, director de su centro de litigios, sostuvo que continuará defendiendo la libertad de expresión en internet y la capacidad de los padres para decidir sobre sus familias.
CCIA también cuestionó la resolución. Su presidente, Matt Schruers, advirtió que el criterio judicial podría ampliar la intervención gubernamental en el acceso a información y generar exigencias de autenticación de identidad para personas de distintas edades.
Esas objeciones corresponden a las asociaciones demandantes. No deben confundirse con una instrucción para que todos los residentes entreguen una identificación oficial.
El desacuerdo va más allá del tiempo frente al celular. Mientras Florida defiende su facultad para limitar las cuentas infantiles como mecanismo de protección, los grupos empresariales sostienen que esa intervención afecta derechos constitucionales y decisiones familiares.
¿QUÉ PASA CON LAS CUENTAS QUE LOS MENORES YA TIENEN?
La HB 3 no se limita a las nuevas inscripciones. También exige cancelar los perfiles de niños menores de 14 años y los de adolescentes de 14 o 15 que carezcan de consentimiento parental, siguiendo los procedimientos establecidos.
Entre sus disposiciones figuran:
- Un plazo de 90 días para disputar la cancelación de una cuenta comprendida en las restricciones.
- El cierre dentro de cinco días hábiles cuando lo solicite el propio menor.
- La baja dentro de diez días hábiles cuando la pida un padre o tutor confirmado.
- La eliminación de la información personal vinculada al perfil cancelado, salvo que exista una obligación legal de conservarla.
Los mecanismos de sanción se dirigen contra las plataformas. Determinados incumplimientos pueden generar multas civiles de hasta $50,000 por violación, además de otras consecuencias previstas en el estatuto.
Ron DeSantis había firmado esta ley el 25 de marzo de 2024 (Foto: AFP)
¿EL FALLO FIJA UNA NUEVA FECHA PARA APLICAR LA LEY?
No. La resolución del 14 de octubre permite que Florida continúe haciendo cumplir las restricciones mientras sigue el litigio. Como la cautelar ya había sido suspendida en noviembre de 2025, presentar este pronunciamiento como el comienzo absoluto de su aplicación dejaría fuera un antecedente decisivo.
Tampoco establece un calendario único para que todas las compañías cierren perfiles el mismo día. Los procedimientos de cancelación, los plazos para impugnar una baja y las obligaciones de cada servicio deben distinguirse del respaldo judicial obtenido por el estado.
Para padres y tutores, los factores determinantes son la edad de sus hijos y las características de la plataforma utilizada. El permiso familiar permite mantener cuentas a adolescentes de 14 y 15 años, pero no elimina la prohibición que alcanza a quienes todavía no han cumplido 14 dentro de los servicios comprendidos.
