En un contexto donde el costo de vida no deja de subir —desde la renta y el seguro del auto hasta la compra semanal en Walmart o el recibo de la luz—, cualquier rumor sobre un posible pago directo del gobierno federal se propaga con rapidez, sobre todo entre las familias de ingresos bajos y medios que resienten la inflación al llenar el tanque, pagar la guardería o enviar remesas a México, Centroamérica o el Caribe. Mientras tanto, Donald Trump mantiene vigente la propuesta de cheques de US$2,000 financiados con aranceles, aunque ahora habla de un posible desembolso “hacia finales del año”, sin una fecha precisa, un calendario definido ni una base legal concreta. En la práctica, el pago continúa siendo una promesa ambigua más que un compromiso real.
En las últimas semanas, en chats de WhatsApp familiares, grupos de Facebook de latinos en Texas, Florida o California y hasta en las sobremesas después de misa dominical, volvió a aparecer el mismo tema: el famoso cheque de US$2,000 financiado con aranceles que Donald Trump ha mencionado una y otra vez desde la Casa Blanca. Por eso vale la pena detenernos un momento, separar el ruido de la realidad y explicar qué cambió exactamente en las últimas declaraciones del presidente y qué tan cerca —o lejos— está realmente la posibilidad de que ese pago llegue al buzón o a la cuenta bancaria de millones de ciudadanos, incluyendo a los hispanos en Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió ambiguamente acerca de los cheques arancelarios que prometió en 2025 (Foto: AFP)
¿QUÉ PROMETIÓ TRUMP AL INICIO?
Desde julio, Trump viene planteando públicamente la idea de usar los ingresos por nuevos aranceles para enviar pagos directos a la mayoría de los estadounidenses, hablando de “al menos US$2,000 por persona” para familias trabajadoras con tope de ingresos, en mensajes en Truth Social y actos políticos. El mensaje se afinó en noviembre, cuando el presidente explicó que dicha ayuda se parecería a los pagos de estímulo de la era COVID, dando a entender que llegaría a adultos y niños, y sugirió que podrían distribuirse “en algún momento de 2026”. Posteriormente, aseguró que ese dinero llegaría a mediados de 2026.
EL GIRO DE ENERO Y EL NUEVO PLAZO
El 7 de enero, durante una extensa entrevista con The New York Times, Trump cambió el tono cuando le preguntaron acerca de su promesa de cheques financiados con aranceles y respondió con un “¿Yo hice eso? ¿Cuándo hice eso?”, tomando distancia de sus propias palabras antes de desviar la conversación hacia otros temas. Más adelante, ante la insistencia de los periodistas sobre cuándo llegarían los US$2,000, volvió a defender que los ingresos son “tan sustanciales” que permitirían hacer los pagos, pero agregó que esto ocurriría “hacia finales del año”, sin precisar mes, programa ni mecanismo concreto.
¿QUÉ PASA CON LOS CHEQUES DE US$1,776?
En esa misma entrevista, Trump trató de conectar la conversación con los pagos únicos de US$1,776 enviados en diciembre a miembros de las Fuerzas Armadas, un bono que se aprobó como parte de un gran paquete de gasto conocido como la “One Big Beautiful Bill Act”. Sin embargo, esos fondos salieron del presupuesto del Departamento de Defensa y no guardan relación directa con esta ayuda económica, por lo que no sirven como modelo automático para los supuestos “dividendos arancelarios” de US$2,000 que se han prometido a una base mucho más amplia de la población.
¿HACE FALTA EL CONGRESO?
Cuando se le preguntó si esos cheques necesitan aprobación del Congreso, Trump afirmó que no lo cree necesario, argumentando que hay ingresos provenientes de varias fuentes y que el Ejecutivo podría avanzar con los pagos. Pero el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo en entrevistas anteriores que cualquier esquema de reembolsos de ingresos arancelarios requeriría legislación y un presupuesto aprobado por el Congreso, una posición que contradice el mensaje de la Casa Blanca.
EL FRENO DE LA CORTE SUPREMA
A este rompecabezas político se suma la Corte Suprema, que analiza si una parte importante de los aranceles globales impuestos por Trump excede la autoridad del Poder Ejecutivo bajo la ley de emergencia invocada por la administración. Si la Corte falla en contra del Gobierno y considera ilegales partes de esos gravámenes, una porción relevante de la recaudación podría desaparecer, debilitando o incluso derrumbando la base financiera del supuesto “dividendo arancelario” de US$2,000 por persona.
LO QUE DICEN LOS ECONOMISTAS
Varios economistas y centros de análisis han cuestionado fuertemente la viabilidad del plan, señalando que usar aranceles para mandar cheques es una forma poco eficiente y distorsionante de redistribuir recursos, en parte porque los propios impuestos a importaciones encarecen productos básicos que consumen las familias de clase trabajadora. El Committee for a Responsible Federal Budget estima que un solo “round” de cheques de US$2,000, diseñado de forma similar a los estímulos de la pandemia, costaría alrededor de US$600,000 millones, mientras que los aranceles vigentes apenas generarían unos US$300,000 millones al año, dejando un gran hueco fiscal.
De acuerdo con ese mismo comité, si los dividendos arancelarios se repitieran cada año, los déficits federales aumentarían en torno a US$6 billones en una década, casi el doble de lo que se espera que recauden las tarifas en ese periodo. El uso de todos esos ingresos para cheques, en lugar de destinar una parte a reducir el déficit, empujaría la deuda federal hasta aproximadamente 127% del PIB en 2035 en un escenario moderado y hasta 134% del PIB si los pagos de US$2,000 se mantuvieran de forma anual.
¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA LOS HISPANOS EN EE. UU.?
Para muchos hogares hispanos que viven entre el pago de la renta, los envíos de remesas y el costo de la canasta básica en estados como California, Nueva York o Nevada, la idea de un cheque de US$2,000 suena como un respiro similar a los estímulos de la pandemia, cuando millones usaron esos fondos para ponerse al día con la luz o el alquiler atrasado. Sin embargo, sin una ley aprobada, sin calendario oficial y con una Corte Suprema que aún debe pronunciarse, hoy el “cheque arancelario” se parece más a una promesa política en campaña permanente que a un depósito próximo a llegar a la cuenta bancaria.
En síntesis, el cheque de US$2,000 no está formalmente cancelado, pero tampoco cuenta con autorización del Congreso, ni reglas claras de elegibilidad, ni presupuesto aprobado, ni una fecha concreta más allá de ese “hacia finales del año” que Trump lanzó en su entrevista. Para millones de contribuyentes, incluidos los hispanos que siguen el tema desde sus trabajos en construcción, limpieza, hospitales, restaurantes o almacenes, el “dividendo arancelario” sigue siendo una idea en movimiento, atada a decisiones políticas, legales y fiscales que todavía están lejos de resolverse.
Millones de estadounidenses, incluyendo a los latinos, están a la espera de acciones más concretas relacionadas con el pago de US$2,000 que prometió Donald Trump (Foto: AFP)
