El empleo, la cooperación policial con Washington y el futuro de quienes pierdan una protección temporal estarán entre los asuntos que marcarán la próxima administración de Florida. Tras imponerse en las elecciones de 2026, Byron Donalds tomará el relevo de Ron DeSantis con una agenda migratoria que las familias hispanas de Miami-Dade y otras comunidades seguirán de cerca. El republicano ha defendido controles más estrictos, pero sus compromisos de campaña todavía deberán traducirse en decisiones concretas. El alcance de esas iniciativas dependerá de las facultades del Ejecutivo estatal, los procedimientos legales y la intervención de las autoridades competentes.
Durante la campaña, el republicano combinó compromisos escritos con declaraciones públicas. Distinguir ambos planos resulta indispensable para comprender el alcance de sus planteamientos, sin presentar como disposiciones vigentes iniciativas todavía pendientes de desarrollo.
De acuerdo a las leyes de Florida, Ron DeSantis ya no podía tentar un tercer mandato consecutivo, por lo que no pudo participar de las elecciones, así que está próximo a dejar el cargo de gobernador (Foto: AFP)
LAS PROMESAS MIGRATORIAS QUE MARCARÁN EL GOBIERNO DE BYRON DONALDS
Su programa propone extender los controles de autorización laboral, retirar recursos públicos que considere incentivos para la inmigración irregular y facilitar deportaciones mediante coordinación policial. También advirtió sobre posibles consecuencias para funcionarios que impulsen políticas santuario.
Estas son las principales medidas y posiciones que defendió antes de llegar a la gobernación:
1. Buscar la remoción de funcionarios que promuevan políticas santuario
Durante un acto en Tampa, celebrado en agosto de 2026, Donalds sostuvo que los funcionarios locales serían removidos de sus cargos si ignoraban las leyes migratorias federales y estatales para establecer jurisdicciones santuario.
La advertencia apuntó a las autoridades que busquen limitar la colaboración municipal con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE. Ese enfrentamiento político ya había generado tensiones entre Tallahassee y distintos gobiernos del estado.
Sin embargo, prohibir políticas santuario y exigir un convenio formal con la agencia federal son cuestiones diferentes. La legislación estatal de 2025 obliga a los sheriffs o responsables de centros de detención de los condados a suscribir acuerdos 287(g), pero no establece idéntica exigencia para todos los municipios.
Tampoco corresponde interpretar su declaración como una destitución automática. Cualquier actuación contra una autoridad deberá ajustarse a los procedimientos aplicables y no dependerá únicamente de una discrepancia política.
2. Mantener la cooperación de las policías locales con ICE
El republicano defendió la continuidad de la estrategia migratoria de DeSantis y el trabajo conjunto con las autoridades federales. Dentro de esa relación, los acuerdos 287(g) permiten delegar determinadas funciones en agentes estatales o locales.
Para participar, los efectivos deben recibir capacitación y autorización. Sus tareas se desarrollan bajo dirección y supervisión de ICE, conforme al modelo adoptado por cada institución.
El mecanismo no convierte a todos los policías de Florida en agentes migratorios. Según el convenio, sus atribuciones pueden incluir la identificación y el procesamiento de determinadas personas bajo custodia, además de otras funciones expresamente autorizadas.
La diferencia importa para los residentes: las facultades concretas dependerán del acuerdo correspondiente, no solamente del respaldo político expresado desde la gobernación.
3. Respaldar deportaciones de personas cuya protección temporal haya terminado
Una de sus intervenciones más sensibles para la comunidad venezolana ocurrió en julio de 2026, durante una visita a El Arepazo. La arepera, ubicada en una gasolinera de Doral, se ha convertido en parada habitual de dirigentes interesados en acercarse a ese electorado.
Allí, Donalds defendió la deportación de quienes permanecieran en Estados Unidos después del vencimiento de su protección temporal. Sus palabras trasladaron el debate sobre el TPS a un punto de encuentro cotidiano para numerosos inmigrantes del sur del estado.
El alcance jurídico requiere una aclaración: perder ese beneficio no coloca a todos sus antiguos titulares en idéntica situación. Algunos pueden conservar otro estatus vigente, obtenido previamente o durante el período protegido.
Por eso, su postura no debe presentarse como una orden que afectará automáticamente a cualquier venezolano inscrito anteriormente en el programa. La condición individual será determinante para establecer las consecuencias correspondientes.
4. Exigir E-Verify a todos los negocios de Florida
La plataforma electoral plantea que cada negocio utilice E-Verify para comprobar la autorización de empleo. Donalds presenta esa obligación como una herramienta destinada a proteger los puestos y salarios de quienes pueden trabajar legalmente en el país.
El sistema contrasta información del formulario I-9 de los nuevos empleados con registros federales. Su finalidad consiste en confirmar la elegibilidad laboral, no simplemente en revisar la nacionalidad.
Si prospera una exigencia general, estas serían sus principales implicaciones:
- Los negocios alcanzados incorporarían la herramienta a sus procesos de contratación.
- Los nuevos empleados pasarían por una comprobación electrónica de su autorización laboral.
- Las personas sin permiso enfrentarían una barrera adicional al buscar puestos sujetos al sistema.
- Los empleadores necesitarían adaptar sus procedimientos a los requisitos correspondientes.
El programa habla de todos los negocios, pero no precisa calendario, excepciones ni sanciones. Esa formulación tampoco permite afirmar que habrá una revisión retroactiva de las plantillas completas.
5. Retirar fondos y beneficios que considere incentivos para la inmigración irregular
Bajo el apartado No Taxpayer Handouts, el republicano propone cortar recursos estatales, subsidios y beneficios que, según su planteamiento, favorecen la permanencia irregular en Florida.
La iniciativa carece de un desglose sobre servicios afectados, destinatarios excluidos o montos previstos. Por ahora, no corresponde atribuirle la eliminación anunciada de una ayuda sanitaria, educativa o social específica.
| Aspecto | Compromiso electoral | Detalle pendiente |
|---|---|---|
| Fondos públicos | Retirar determinados recursos estatales. | Partidas y montos afectados. |
| Subsidios y beneficios | Suprimir aquellos que considere incentivos para la inmigración irregular. | Programas concretos y criterios de selección. |
| Aplicación | Impulsar cambios desde su administración. | Calendario y procedimientos correspondientes. |
La distinción entre una intención general y un recorte definido será esencial para evaluar las decisiones posteriores. Hasta que exista mayor precisión, cualquier referencia a servicios particulares resultaría prematura.
6. Facilitar deportaciones mediante coordinación policial
En el apartado Remove Dangerous Criminals, Donalds promete conectar directamente a las fuerzas estatales y locales con las autoridades federales para acelerar la deportación de personas no ciudadanas que cometan delitos en sus comunidades.
El compromiso documentado se refiere a esa cooperación. La plataforma consultada no desarrolla un proyecto para construir nuevos centros de detención ni identifica ubicaciones o presupuestos destinados a semejante propósito.
Por tanto, ambas cuestiones deben mantenerse separadas. Respaldar una estrategia de expulsiones no equivale a haber presentado un plan detallado de infraestructura.
¿QUÉ INMIGRANTES Y SECTORES PODRÍAN VERSE AFECTADOS?
Los planteamientos alcanzan situaciones diferentes: contratación, protección temporal, colaboración policial y acceso a recursos públicos. Sus efectos potenciales tampoco serían iguales para trabajadores, familias, empresas o autoridades municipales.
| Grupo | Posible consecuencia | Precisión necesaria |
|---|---|---|
| Personas sin autorización laboral | Más obstáculos en contrataciones sujetas a E-Verify. | Falta conocer cómo se extendería la obligación a todos los negocios. |
| Antiguos beneficiarios del TPS | Mayor presión política a favor de deportaciones cuando no exista otro estatus vigente. | El fin de esa protección no elimina automáticamente una condición migratoria válida distinta. |
| Nuevos empleados | Comprobación electrónica de su elegibilidad para trabajar. | El procedimiento verifica autorización laboral, no solamente nacionalidad. |
| Empleadores | Adaptación de sus procesos si prospera la exigencia general. | No se han detallado calendario, excepciones ni sanciones. |
| Gobiernos municipales | Mayor presión para colaborar con las autoridades federales. | Las políticas santuario y los convenios 287(g) son asuntos diferentes. |
| Usuarios de programas estatales | Eventuales restricciones en servicios que sean identificados posteriormente. | La plataforma no enumera beneficios específicos. |
Estas consecuencias son potenciales, no modificaciones que entren en vigor únicamente por el relevo en Tallahassee. Su aplicación dependerá del instrumento utilizado, las atribuciones correspondientes y los requisitos legales.
Byron Donalds será el siguiente gobernador de Florida (Foto: AFP)
¿QUÉ FALTA CONOCER ANTES DE QUE LAS PROMESAS SE CONVIERTAN EN MEDIDAS?
La agenda del gobernador entrante ofrece compromisos sobre E-Verify y cooperación policial, aunque deja pendientes aspectos decisivos: cuáles beneficios buscará retirar, cómo ampliará las obligaciones empresariales y qué mecanismos empleará frente a funcionarios locales.
Para los lectores de Miami, Orlando, Tampa y otras ciudades, los documentos oficiales permitirán distinguir entre anuncios y cambios efectivos. Proyectos legislativos, instrucciones administrativas y disposiciones de implementación mostrarán el alcance concreto sobre el empleo, los servicios públicos y la relación con las autoridades.
