
Donald Trump ha declarado que Estados Unidos podría “dirigir” o mantener una supervisión sobre Venezuela durante años, ligando esa presencia a la reconstrucción del país y al control de sus inmensas reservas de petróleo. Esta afirmación abre un debate crítico sobre soberanía, derecho internacional y el retorno de lógicas de tutela en América Latina que se creían superadas.
¿Qué dijo exactamente Trump sobre Venezuela?
En una extensa entrevista con The New York Times, Trump señaló que “solo el tiempo dirá” cuánto durará la supervisión de Estados Unidos sobre Venezuela, pero cuando le preguntaron si podían ser tres o seis meses, respondió: “diría que mucho más”. El presidente afirmó que Washington “reconstruirá” Venezuela “de forma muy rentable”, usando y extrayendo petróleo venezolano, bajando el precio del crudo y entregando parte de los ingresos al país.
Sus palabras llegan después de la captura de Nicolás Maduro en una operación estadounidense y del reconocimiento de Delcy Rodríguez como figura interina de facto, a pesar de que la oposición ganó las elecciones de 2024 según el consenso internacional. Trump también afirmó que Estados Unidos “está a cargo” de Venezuela en este momento y que la Casa Blanca decide los términos de la transición.

Control del petróleo y diseño de la transición
La supervisión estadounidense pasa, en la práctica, por el control del petróleo y de los flujos de caja del Estado venezolano. Trump y su equipo han esbozado un plan en tres fases que incluye vender entre 30 y 50 millones de barriles venezolanos bloqueados, canalizando esos ingresos bajo dirección de Washington. Según medios como Reuters y TIME, la administración plantea “dirigir” las exportaciones de crudo y las principales decisiones económicas mientras se estabiliza el país.
El Secretario de Estado Marco Rubio ha defendido públicamente una especie de “cuarentena petrolera”: Estados Unidos no gobernaría formalmente Venezuela, pero sí ejercería una enorme influencia a través del control del petróleo, sanciones selectivas y supervisión de la reconstrucción de la infraestructura energética. En otro frente, el Consejo de Relaciones Exteriores recuerda que esta estrategia se inscribe en una visión más amplia que vincula narcotráfico, terrorismo y recursos energéticos como justificación de la presión militar en Venezuela.
Reacciones en Venezuela y en la comunidad internacional
El gobierno venezolano, ahora encabezado interinamente por Delcy Rodríguez, insiste en que “ninguna potencia extranjera gobierna Caracas”, al tiempo que denuncia la captura de Maduro como un “secuestro” y un acto militar que pone en riesgo la paz internacional. El ministro de Defensa Padrino López ha acusado a Washington de intentar apropiarse de recursos petroleros y minerales venezolanos, prometiendo “resistencia” ante cualquier presencia militar prolongada.
En Estados Unidos, la oposición demócrata y parte de los republicanos cuestionan la idea de que la Casa Blanca “dirija” otro país durante años sin un mandato claro del Congreso ni de organismos internacionales. Líderes como Hakeem Jeffries han advertido que el futuro de Venezuela debe ser decidido por los venezolanos, no por Trump ni por sus asesores, alertando sobre el riesgo de una campaña de cambio de régimen costosa y abierta en el tiempo.
Implicaciones para la soberanía y el orden internacional
Las declaraciones de Trump reviven los fantasmas del intervencionismo en América Latina, en particular la Doctrina Monroe y los antecedentes de ocupaciones prolongadas en países como Haití, República Dominicana o Panamá. El hecho de que el control de recursos sea tan explícito –“vamos a usar el petróleo, vamos a extraer el petróleo”– refuerza la percepción de que se trata tanto de una operación estratégica como económica.
Para organismos internacionales y expertos en derecho internacional, el escenario que se perfila es delicado: una potencia militar que captura al presidente en ejercicio, tutela la explotación de recursos y anuncia que podría “gobernar” de facto durante años, sin una resolución del Consejo de Seguridad ni un acuerdo claro con fuerzas políticas internas legitimadas en las urnas. En ese contexto, la forma en que se gestione la transición venezolana no solo marcará el futuro del país, sino que sentará un precedente sobre hasta dónde puede llegar la proyección de poder de Estados Unidos en la región en nombre de la seguridad, la democracia o la lucha contra el narcotráfico.







