Donald Trump, presidente electo de los Estados Unidos, se impuso en las elecciones presidenciales de 2024 con un mensaje contundente: su administración se centrará en frenar la inmigración ilegal y en reformar las políticas migratorias vigentes. A lo largo de su campaña, el magnate reafirmó su compromiso de deportar a los inmigrantes indocumentados y de modificar leyes fundamentales que, según él, facilitan la llegada de personas de manera ilegal. Dentro de sus principales propuestas, destaca la eliminación del derecho a la ciudadanía por nacimiento, una enmienda que otorga la nacionalidad a cualquier persona nacida en territorio estadounidense, sin importar el estatus migratorio de los padres.
Desde el primer día de su presidencia, Trump ha confirmado su intención de eliminar este derecho constitucional, conocido como “birthright citizenship”. En una reciente entrevista con NBC News, el presidente electo fue tajante al afirmar que buscaría cambiar la Enmienda 14 de la Constitución, que garantiza este beneficio. Según sus declaraciones, Estados Unidos es el único país que otorga la ciudadanía a todos los nacidos en su territorio, sin importar si sus padres están en el país de manera legal o no. “La tendremos que cambiar. Vamos a tener que volver al pueblo y tenemos que terminar con esa enmienda”, expresó.
El líder republicano no especificó cómo llevaría a cabo este cambio, aunque sugirió que recurriría a un proceso que podría implicar una enmienda constitucional. Para lograrlo, necesitaría el apoyo de una convención constitucional, que no es una tarea fácil, ya que esta propuesta requeriría la aprobación de dos tercios de ambas cámaras del Congreso y el respaldo de tres cuartas partes de los estados. Sin embargo, Trump dejó abierta la posibilidad de que esta medida no sea tan sencilla de implementar, ya que podría enfrentarse a obstáculos legales y judiciales que dificultarían su éxito.
A pesar de los desafíos que enfrentaría para cambiar la Constitución, el futuro presidente subrayó la importancia de acabar con lo que considera una “abierta invitación a la inmigración ilegal”. Esta postura ha generado controversia entre los defensores de los derechos civiles, quienes argumentan que el derecho a la ciudadanía por nacimiento es una protección fundamental contra la discriminación y garantiza la igualdad ante la ley. A lo largo de su carrera, Trump ha sido firme en su opinión de que este tipo de políticas deben ser revisadas para frenar lo que considera un abuso del sistema.
Por otro lado, Trump reiteró su amenaza de deportación masiva, comenzando con aquellos inmigrantes indocumentados que hayan cometido delitos. La nueva administración haría cumplir la ley de manera más estricta, lo que implica un mayor número de deportaciones, incluso de personas que no tienen antecedentes criminales. Además, propuso que las familias con estatus migratorio mixto, es decir, aquellas en las que coexisten miembros con y sin documentos, deberían ser retiradas juntas, sin separación familiar.
Esta propuesta afectaría a millones de familias en Estados Unidos. Según el Centro de Estudios Migratorios, cerca de 4.7 millones de hogares se encuentran en esta situación de “estatus mixto”, y un porcentaje significativo de estos hogares tiene al menos un niño nacido en Estados Unidos, quien, según la ley actual, es ciudadano. Este factor complica la implementación de la propuesta, ya que cualquier intento de deportación masiva podría entrar en conflicto con la protección de derechos civiles y el bienestar de los niños ciudadanos.
Trump también dejó claro que no desea separar a las familias, y que la única manera de evitar esta separación es deportando a los miembros de la familia indocumentados juntos. Aunque no detalló cómo se llevaría a cabo este proceso, su declaración ha encendido el debate sobre la efectividad y las implicaciones humanas de tales medidas. A pesar de la incertidumbre sobre los detalles, el presidente electo mantiene firme su compromiso de cumplir con su promesa de reforma migratoria, la cual ha sido uno de los pilares de su agenda desde que comenzó su carrera política.
A pesar de sus estrictas políticas migratorias, Trump también mostró interés en encontrar una solución para los Dreamers, aquellos inmigrantes que llegaron a Estados Unidos siendo niños y que, bajo el programa DACA, han podido vivir y trabajar legalmente en el país. Aunque su plan no incluye una amnistía generalizada, el presidente electo afirmó que estaría dispuesto a trabajar con los demócratas para lograr una legislación que les permita permanecer en el país. “Tenemos que hacer algo porque son personas que fueron traídas aquí a una edad muy temprana”, dijo, destacando que muchos de ellos ya son adultos y no hablan el idioma de su país natal.
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