La política migratoria de Estados Unidos ha tenido en la construcción del muro fronterizo uno de sus puntos más polémicos y divididos en la última década. El expresidente Donald Trump, durante su mandato, adoptó una política migratoria severa, cuyo eje principal fue erigir una muralla física a lo largo de la frontera con México. El gobierno del empresario defendió de manera firme la urgencia de esa barrera, sosteniendo que era esencial para la seguridad nacional y para frenar el ingreso de inmigrantes indocumentados y traficantes de personas. Las promesas de un muro de “mar a mar” marcaron su administración, aunque también generaron intensos conflictos con diversos sectores políticos y sociales.
El presidente Joe Biden, por su parte, asumió una postura completamente diferente cuando llegó a la Casa Blanca en 2021. A lo largo de su campaña y en sus primeros años de gobierno, él y su partido se han manifestado en contra de la expansión del muro, defendiendo políticas más humanitarias y un enfoque más integral para gestionar la inmigración. Bajo su administración, se ha intentado revertir muchas de las políticas implementadas por Trump, buscando una reforma migratoria que promueva un trato más justo y humano hacia estos seres humanos, especialmente aquellos que cruzan la frontera huyendo de situaciones de violencia o pobreza extrema en sus determinadas naciones de origen.
JOE BIDEN Y DONALD TRUMP: DOS IDEOLOGÍAS DISTINTAS SOBRE LA MIGRACIÓN
Recientemente, el gobierno de Biden ha tomado una decisión que ha generado una fuerte controversia, tanto dentro de su propio partido como frente a sus opositores republicanos. El gobierno ha iniciado la venta de materiales del muro fronterizo, específicamente paneles de acero que quedaron sin utilizar en diversos puntos de la frontera después de que se suspendiera su expansión. Estos materiales, que habían quedado almacenados por años, se han puesto a la venta a través de subastas, comenzando por un precio de tan solo US$5 por lote. Esta decisión ha desatado una ola de críticas por parte de los republicanos, quienes consideran que el actual mandatario está profanando uno de los símbolos más representativos de la era Trump.
Donald Trump, al enterarse de la venta, no tardó en expresar su descontento. En una conferencia reciente desde Mar-a-Lago, Trump calificó la venta de estos materiales como un acto “casi criminal”. Además, señaló que los paneles de acero son costosos y, aunque los subastaron por unos pocos dólares, su valor real debería ser mucho mayor debido a la inflación y a los aumentos en los costos de materiales. “Es un material muy costoso y hoy su precio debe ser el doble de lo que era hace seis años”, afirmó el presidente electo, acusando a colega de deshacerse de ellos a un precio irrisorio. Además, indicó que este acto representa un desprecio por el esfuerzo que su administración puso en la construcción del muro.
El revuelo ha sido tal que algunos miembros prominentes del Partido Republicano también se han sumado a la crítica. Dan Patrick, vicegobernador de Texas, calificó la venta de acero como un “golpe malvado” a Trump y al pueblo estadounidense, y expresó su interés en que el estado comprara los paneles de vuelta. Por su parte, el exgobernador republicano de Arizona, Doug Doucey, condenó la venta, sugiriendo que es un intento de Biden por mantener abiertas las fronteras de Estados Unidos, lo que sería un obstáculo para las políticas que el presidente electo busca implementar en su posible segundo mandato.
A pesar de las críticas, el gobierno de Biden justifica la venta de los materiales como parte de una normativa aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 2023, que obligaba al Departamento de Defensa a deshacerse de los materiales sobrantes del muro. Según esta ley, los excedentes debían ser transferidos o vendidos dentro de un plazo determinado, y el 60% de los paneles fueron reclamados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), mientras que el resto se ofreció a través de subastas en línea en la plataforma GovPlanet. Los paneles no son propiedad del gobierno de los EE. UU. desde que fueron vendidos, y el Pentágono ha señalado que no tiene autoridad legal para revertir esta venta.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden (Foto: AFP).
LA DECISIÓN VIENE DE TIEMPO ATRÁS
Las subastas no son algo nuevo; de hecho, comenzaron en abril de 2023, cuando se vendieron cientos de lotes de estos materiales por un valor de aproximadamente dos millones de dólares. Cada panel fue adquirido, en promedio, por alrededor de US$212. Esta venta de materiales excedentes tiene lugar mientras el presidente Biden se prepara para terminar su mandato y Trump se alista para asumir la presidencia nuevamente en enero de 2025, lo que ha generado una especie de carrera por recuperar estos materiales de la “era Trump”.
El debate sobre la venta de estos materiales se enmarca en el contexto de una promesa de campaña de Trump de continuar y expandir el muro fronterizo en su segundo mandato. De hecho, algunos miembros del Partido Republicano ya han señalado que están buscando formas de adquirir los paneles y otros materiales sobrantes, con la esperanza de utilizarlos en la construcción del muro en los estados fronterizos. A pesar de esto, hay quienes cuestionan la viabilidad de la compra, dado que muchos de los paneles están en condiciones deterioradas debido al paso del tiempo y la exposición a las inclemencias del clima.
Esta polémica subraya la profunda división política sobre la cuestión del muro fronterizo y las políticas migratorias en los Estados Unidos. Mientras Trump y sus seguidores siguen abogando por un muro más grande y fuerte, el gobierno de Biden ha adoptado una postura más pragmática, aunque esta nueva decisión de vender materiales ha generado cuestionamientos y división, incluso dentro de su propio partido. La cuestión del muro y las políticas migratorias se mantiene como un tema crucial en la política estadounidense, con el futuro de estas políticas probablemente determinado por los próximos años y el resultado de las elecciones presidenciales de 2024.
Donald Trump ha mostrado una política muy dura en contra de los inmigrantes indocumentados en su país y de los que intentan cruzar la frontera (Foto: AFP)
