Después de lograr la victoria en las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, Donald Trump ha comenzado a trazar algunas de las políticas más controvertidas de su futuro mandato, destacándose un plan de deportaciones masivas. A lo largo de su campaña, reiteró en múltiples ocasiones que uno de los principales objetivos de su presidencia sería la expulsión de todos los inmigrantes indocumentados que se encuentren en los Estados Unidos. Su discurso se enfocó en la protección de las fronteras y en recuperar el control sobre la inmigración, según su perspectiva. Con un enfoque prioritario en la seguridad nacional y el orden social, ha dejado en claro que combatir este fenómeno será una de sus principales metas.
A lo largo de su carrera política, Trump ha mantenido una retórica agresiva en temas migratorios. Durante su mandato anterior (2017-2021), ya implementó medidas controvertidas como la construcción de un muro en la frontera con México y la creación de políticas de “tolerancia cero” que resultaron en la separación de familias. Esta vez, tras su regreso a la Casa Blanca, el enfoque parece ser aún más radical. Y es que ha reiterado su intención de no solo deportar a los indocumentados, sino también de hacerlo de manera masiva, incluso tomando medidas en “zonas sensibles”, como hospitales, iglesias y escuelas, donde se encuentra una gran parte de la comunidad “ilegal”. Esta postura ha generado preocupación en diversos sectores tanto dentro como fuera de los Estados Unidos.
LA AMENAZA A ESTADOS UNIDOS ANTE LAS DEPORTACIONES MASIVAS
En el marco de este escenario, una de las reacciones más fuertes ha provenido de un país latinoamericano, el cual ha advertido sobre las consecuencias que podrían derivarse de las políticas de deportación masiva impulsadas por Trump. En un discurso del 1 de enero de 2025, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, expresó su preocupación ante las intenciones migratorias del nuevo presidente de los Estados Unidos, subrayando que su nación espera un enfoque diplomático y constructivo por parte del gobierno estadounidense, pero también dejó en claro que, en caso de que se implementen las deportaciones masivas, el territorio centroamericano podría replantearse sus relaciones con Estados Unidos.
Según lo señalado por la presidenta, Honduras podría tomar medidas drásticas, entre las que se incluiría un cambio en las políticas de cooperación en el ámbito militar. Esta amenaza se basa en el hecho de que Estados Unidos mantiene una importante base en territorio hondureño, la Base Aérea Soto Cano, desde el año 1982. En su declaración, Castro mencionó que, si Trump adopta una postura hostil hacia los migrantes hondureños, la cooperación militar bilateral perdería toda su justificación. La base militar estadounidense en Honduras, que alberga tanto a personal militar como civil, sería uno de los principales puntos de tensión en caso de que las relaciones se deterioren por las políticas migratorias.
Castro considera que si el presidente electo de Estados Unidos pone una mano muy dura en sus deportaciones, la base militar en su territorio sería eliminada, por lo que sus militares y equipamiento deberían volver a su país de origen.
Xiomara Castro defendió a los hondureños que viven en Estados Unidos (Foto: AFP)
UN PUNTO NEURÁLGICO EN LA COOPERACIÓN MILITAR
La Base Aérea Soto Cano, situada en el sur de Comayagua, ha sido un símbolo de la cooperación militar entre Estados Unidos y Honduras durante más de cuatro décadas. Esta instalación es operada en conjunto por ambos países y alberga tanto a personal de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos como de la Fuerza Aérea Hondureña. En su interior también se encuentra la Fuerza de Tarea Conjunto Bravo, una misión estadounidense que realiza diversas tareas de entrenamiento y operaciones conjuntas. A través de este lugar, el país norteamericano ha mantenido una presencia significativa en la región, lo que ha sido clave en sus estrategias de seguridad y en la lucha contra el narcotráfico y otros delitos transnacionales.
Sin embargo, la base también ha sido un tema de debate en Honduras, donde algunos sectores consideran que su presencia en el país no es beneficiosa para los intereses nacionales. La presidenta Xiomara Castro ha sido clara en su advertencia de que, si las deportaciones masivas se llevan a cabo y se generan represalias contra los migrantes hondureños, Honduras podría reconsiderar la presencia de las bases estadounidenses en su territorio. En este sentido, las relaciones bilaterales podrían verse afectadas no solo en términos de inmigración, sino también en cuestiones de seguridad y cooperación militar.
POSIBLES CONSECUENCIAS
El conflicto entre las políticas de inmigración de Estados Unidos y la postura de Honduras podría generar una tensión diplomática sin precedentes. La cancelación o reconfiguración de la cooperación en el campo militar tendría repercusiones tanto para Honduras como para los Estados Unidos. Para el país centroamericano, perder el apoyo militar estadounidense podría significar una disminución en los recursos y capacidades para enfrentar amenazas internas, como el narcotráfico y la violencia relacionada con las pandillas. Para el otro bando, la pérdida de una base estratégica en la región podría complicar sus operaciones en Centroamérica y limitar su influencia en la zona.
La situación también podría generar un efecto dominó en otros países de América Latina, cuyos gobiernos podrían sentirse presionados a tomar decisiones similares si ven que las políticas de Trump se traducen en medidas más agresivas contra los migrantes de la región. En este contexto, la postura de Xiomara Castro podría ser solo el comienzo de una serie de reacciones diplomáticas en defensa de los derechos de los migrantes y en contra de las políticas de deportación masiva.
Las políticas de deportación masiva de Trump no solo afectan las relaciones diplomáticas, sino que también tienen un impacto directo en la vida de millones de personas. La comunidad inmigrante en los Estados Unidos, en su mayoría proveniente de países latinoamericanos, ha temido durante años las consecuencias de la retórica antiinmigrante. Las deportaciones masivas no solo representan una violación de los derechos humanos de los migrantes, sino que también agravan las crisis humanitarias en los países de origen, que ya enfrentan altos índices de pobreza, violencia y falta de oportunidades.
En el caso de Honduras, las deportaciones masivas podrían significar un aumento en la presión sobre un sistema de salud, educación y seguridad ya sobrecargado. A medida que los migrantes regresan a su país, muchos de ellos lo hacen en condiciones precarias, lo que agrava la situación interna y dificulta la reintegración social y económica. En este sentido, las amenazas de Honduras podrían ser vistas como un llamado a la acción para reconsiderar las políticas de inmigración que afectan a miles de familias.
Donald Trump asumirá la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero (Foto: AFP)
