¿Cómo formalizar a la pequeña minería?

Daniel CórdovaECONOMISTA

Lamentables los hechos de violencia de días pasados protagonizados por grupos de mineros informales. Nada justifica el bloqueo de carreteras ni manifestación violenta alguna. Los pequeños emprendedores de la minería deben cesar este tipo de actos. Pero el gobierno debe reconocer que algo se ha hecho mal al haber focalizado su estrategia en la represión.

Lo primero que debemos hacer es poner en contexto la realidad del pequeño minero. Su actividad fue promovida por el Estado formalmente desde la época del Banco Minero. Durante el segundo belaundismo incluso se subsidiaba su actividad. Luego vino la liberalización de la comercialización del oro, a inicios del gobierno de Fujimori, cuando la recesión motivó la migración del trabajo de la agricultura hacia la pequeña minería, fenómeno que se acentuó con el alza de los precios del oro, a partir del año 2003.

El hecho es que se calcula que en la actualidad hay 300,000 pequeños mineros informales en actividad. 300,000 familias más proveedores que dependen de esta actividad. Probablemente cerca de 2 millones de personas.

El D.S. 013–2011 que dejó el segundo gobierno del APRA –El Plan Nacional de Formalización-, suscrito por 16 entidades públicas y las organizaciones de mineros, aun vigente, estableció 41 obligaciones para el Estado peruano, ninguna de las cuales se ha cumplido a la fecha.

Este Plan fue dejado de lado cuando, en el año 2012 se inició el actual proceso de formalización. Un proceso concebido con buena intención, pero que no ha logrado su objetivo. Según los últimos datos, de los 70,000 pequeños mineros que han manifestado su intención de formalizarse, menos del 1% se ha formalizado.

¿Por qué? Básicamente por cuatro razones: a) Por no haberse llegado a una solución a la falta de titularidad en concesiones explotadas por los pequeños mineros artesanales, que no son atractivas para la mediana y gran minería. b) Por los altos costos de la formalización propuesta (en particular para la elaboración del Informe de Gestión Ambiental Correctiva – IGAC). c) Por la ausencia de una necesaria maquinaria burocrática para que la formalización se agilice y d) Por la ausencia de una estrategia de diálogo y comunicación.

Para superar estas barreras proponemos el modelo chileno: en este país, el Estado ve al emprendimiento minero como una oportunidad. Subsidia la asociatividad como elemento de formalización. Compra a través de ENAMI el mineral. Y ha logrado así una formalización en armonía. Para esto, sin duda, cuenta con personal suficiente y recursos públicos que el Estado peruano aún no ha puesto a disposición de quienes tienen a su cargo esta encomiable tarea.

Por otra parte, es fundamental que se logre en las zonas involucradas la titulación de las tierras, hoy casi inexistente. Además, hay que revisar la superposición de propiedades, la agilidad de bienes nacionales para otorgar los derechos, entre otros problemas que están impidiendo un proceso de formalización realista. Y sobretodo lograr aliados en ellos formalizando un mayor número de pequeños mineros.

La represión es necesaria cuando la ley se puede aplicar. El actual proceso de formalización es inaplicable en los plazos que el Ejecutivo se ha establecido. Propongo revisen los plazos y, en el ínterin, se diseñe un proyecto de formalización, con diálogo y ejecución pacífica, en el que necesariamente se debe invertir en equipos de funcionarios que promuevan el desarrollo de la pequeña minería, como es el caso de Chile.