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El Perú intentó embarcarse en una titulación masiva de predios rurales individuales desde finales de los sesenta, pero la brecha no se cerró. De un total de 3.8 millones, a la fecha todavía quedan 2.1 millones sin titulación, señaló Helen Figueroa, Directora General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).
Para este año (hasta julio) -estimó Figueroa- se titulará alrededor de 20,000 predios rurales adicionales a través del trabajo conjunto con los gobiernos regionales, un proyecto en San Martín (que busca que en tres años la región quede totalmente saneada) y el proyecto de catastro, titulación y registro de tierras rurales en el Perú (PTRT3) del ministerio.
Si bien la cifra proyectada para los primeros siete meses representa una mejora ya que normalmente -en años previos- se titulaba en promedio 20,000 predios anuales, todavía quedará en manos del siguiente gobierno 2.08 millones de predios rurales pendientes.
“¿Cuál es la importancia de un título? Le va a otorgar al agricultor seguridad jurídica, que tenga claridad sobre los límites de su territorio, sobre las dimensiones, garantías para poder cultivar, sembrar, desarrollar actividades agropecuarias, además se transforma la propiedad en un activo patrimonial que podría también trabajarse como una herramienta para acceder al sistema financiero, y a su vez puede solicitar beneficios sociales para agricultura familiar”, mencionó.
La funcionaria subrayó que esta titulación tiene incidencia en la agricultura familiar, que es el común denominador de los predios rurales a nivel nacional, donde dichos predios tienen una extensión desde 0.5 hectáreas hasta no más de 5 hectáreas.
-Nuevos plazos-
¿Con qué se avanzará en lo que resta de este Gobierno y qué se dejará al siguiente? A finales del mes pasado, se publicó la Ley de saneamiento físico-legal y formalización de predios rurales a cargo de los Gobiernos Regionales (N° 31145) que amplió los plazos de ocupación de las posesiones para que sean beneficiarias de las acciones de titulación.
Figueroa explicó que los poseedores de un predio rústico de propiedad del Estado, destinado íntegramente a la actividad agropecuaria, que se encuentren en posesión en forma pública, pacífica y continua, podrán regularizar su situación jurídica ante el gobierno regional correspondiente, siempre que dicha posesión se hubiera iniciado con anterioridad al 25 de noviembre de 2010.
Y, si el poseedor se encuentra sobre un predio rural de propiedad privada, tienen que acreditar la explotación económica del predio con fines agropecuarios por un plazo no menor de cinco años. “Hasta la norma anterior, el límite era hasta el 2012, pero la norma actual no tiene límite de tiempo. Es decir, una persona puede estar asentada sobre un predio rural de propiedad privada hoy, pero si cuentas hacia atrás, ya tiene 5 años en el lugar, esta persona puede pedir la regularización de su propiedad a través de la declaración por prescripción administrativa”, explicó.
En este segundo caso, se hace un proceso de declaración por prescripción adquisitiva de dominio; se hacen las publicaciones respectivas, se esperan las oposiciones, y si todo está completamente conforme, se regulariza la propiedad. En ninguno de los casos puede tratarse de predios que sean áreas protegidas, bosques permanentes, franja marginal, entre otros.
Al ser consultada sobre la posibilidad que esta norma abra la puerta al tráfico de tierras o la informalidad, Figueroa mencionó que anteriormente algunas personas aprovechaban la titulación de tierras para venderlas a terceros para otros fines que no estaban vinculados al agro, no obstante -ahora- la norma busca expresamente la sostenibilidad del agro. “Yo te voy a titular, pero por lo menos vas a tener cinco años -aún se está evaluando el tiempo- donde no vas a poder cambiarle el uso a esta tierra. No podrás hacer una vivienda, una casa huerta, no podrás hacer condominios. Estos detalles se van a describir y regular en el reglamento. Este es un candado importante”, precisó.
-Solicitud a pedido de parte-
Otro de los puntos que resaltó la funcionaria es que la nueva normativa permite la solicitud que se va a realizar a pedido de parte. Es decir, los gobiernos regionales intervenían en un área determinada, desarrollaban su programación anual, y sobre ello es que se realizaba los procesos de formalización.
Pero, ¿qué pasaba con aquellos que aún siendo considerados en el plan, no lograban presentar la documentación a tiempo? Se tenía que esperar al menos 18 meses para que recién puedan acercarse a los gobiernos regionales para pedir la regularización de su predio. Ahora, las personas ya no necesitan esperar ese tiempo, sino que apenas cumplan con los requisitos -que serán reglamentados- van a poder solicitar directamente la formalización. “Los requisitos serán distintos tanto para aquellos que se encuentren en posesión de predios de propiedad privada, como también en predios de propiedad del Estado”, remarcó.
-El Dato-
En el país existen tres brechas claras. La funcionaria detalló que sobre predios rurales -como se mencionó- la brecha es de alrededor de 2.1 millones. En predios de comunidades nativas, se está realizando trabajos articulados con los gobiernos regionales, y se ha buscado cooperación internacional, pero al día de hoy hay alrededor de 650 predios pendientes de titular. Y en predios de comunidades campesinas también existe una brecha importante de 1,100 predios. “En este caso, estamos sincerando las cifras con las comunidades campesinas (el de las comunidades nativas ya las cerramos hace unos meses)”, puntualizó.