En entrevista con Gestión, la ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, explicó los planes de su cartera sobre el fomento del empleo juvenil, la remuneración mínima, el sistema previsional y el plan de competitividad.
Sobre la ley de fomento del empleo juvenil, ¿cuáles serán los incentivos para las empresas? ¿Se aplicarán beneficios tributarios?
Nos hemos fijado un horizonte de construcción de la propuesta que termina en mayo. Es un proceso que está validándose todavía internamente.
Pero, por ejemplo, la ley de modalidades formativas tiene más de diez años de haber sido aprobada y los estudios que venimos realizando ponen en evidencia que solo alrededor del 4% de los empleadores o empresas ha adoptado alguna de ellas. Esta es una primera consideración que va a justificar el conjunto de medidas que estamos adoptando.
El otro aspecto tiene que ver con la inadecuación laboral. ¿Qué nivel de formación alcanzan nuestros jóvenes? Desde esta problemática, la propuesta que estamos construyendo incide fuertemente en este segundo aspecto: garantizar que reciban capacitación.
Había un proyecto de ley que se vio en el Congreso –presentado por la cartera en gestiones anteriores- con algunas especificaciones de lo que sería la nueva ley de empleo juvenil. Por ejemplo, que los incentivos sean por tipo de empresa. ¿Esto está en su evaluación?
Hay varias experiencias que están siendo analizadas. El proyecto al que se hace referencia pone todo el peso del incentivo en el subsidio a las aportaciones a la seguridad social. Pero hay otras experiencias en las que, por ejemplo, lo que se instituye son cuotas de empleo.
Las empresas tienen un determinado porcentaje de su planilla que tiene que corresponder a la contratación de jóvenes. En otros casos, estamos hablando de subsidios compartidos entre empresa y Estado, algunas experiencias han sido de éxito y otras no tanto.
¿Todos esos puntos son los que están evaluando?
Sí, están siendo objeto de análisis junto con el impacto en la inversión que puedan realizar tanto el Estado como las propias empresas.
¿Se plantea alguna modificación a las modalidades formativas privadas?
La propuesta de modificación que pueda provenir para las modalidades formativas tiene que entrar en ese diagnóstico y esas medidas que van a acompañar a manera de incentivos la contratación de jóvenes.
Estamos previendo presentar al Consejo Nacional del Trabajo (CNT) estas iniciativas, hacer parte a los empresarios y trabajadores de la discusión.
¿Cuál es el cronograma?
El primer hito es la presentación al CNT porque no podría elevar una iniciativa al Ejecutivo sin antes haber consultado a los actores sociales. El Consejo sesiona los últimos jueves de cada mes.
Inmediatamente después, una vez que haya acuerdo sobre todos los componentes de la propuesta, correspondería elevarla a PCM para la discusión que corresponda.
Competitividad
El Plan Nacional de Competitividad tiene una fecha para publicarse (junio próximo). Al haberse aprobado que el CNT discuta el objetivo prioritario N° 5 (vinculado al mercado laboral), ¿se cumplirá el plazo?
Este es un Gobierno que cree firmemente en el diálogo, pero en un diálogo con resultados. Por eso, no solo abre un proceso de consulta, sino que asigna un plazo para ese propósito. Lo he dicho antes, el consenso es el objetivo esperado y vamos a trabajarlo.
Tras la aprobación de la resolución ministerial –que incluyó en el diálogo al CNT–, lo que hemos promovido inmediatamente son reuniones preparatorias con cada uno de los actores sociales (la semana pasada, hoy y el miércoles) con empresarios y trabajadores.
Cuando lo lleven al CNT, ¿la votación será por consenso o mayoría?
Consenso. Las tres partes tenemos que expresar el voto favorable para que cualquier iniciativa de cualquier índole sea aprobada.
Remuneración mínima
¿Qué aspectos se han consensuado en las mesas de diálogo del CNT de acuerdo al cronograma establecido?
Puntualmente, lo que ha quedado pendiente de ser visto en el pleno del CNT es el mecanismo para el reajuste de la remuneración mínima (RM). No tanto definir si va a incrementarse o no la RM, sino otras consideraciones: cuál es el contexto adecuado en el que tiene lugar una revisión de la remuneración mínima.
El plazo vence el 7 de mayo para que la comisión técnica presente el informe. Y, a fines de mayo, en la última sesión del CNT, veremos si dicha comisión fue capaz de consensuar los puntos que quedaron pendientes. Si no fuese así, el Ejecutivo tendría que avanzar en esa definición.
¿Le han alcanzado un borrador del informe?
El último informe que se presentó en la sesión del CNT en abril daba cuenta de que en estos elementos que caracterizan el contexto adecuado, se encontraba un acuerdo sobre las fuentes (por ejemplo, la inflación o fuentes asociadas a productividad). Eso ha generado el mayor consenso, pero no es precisamente lo más gravitante.
Esperamos que el Congreso defina pronto debate del proyecto de ley sobre la negociación colectiva.
¿Cuál es el punto más difícil de alcanzar un consenso?
Si digo cuál es, van a esperar que el sector Trabajo lo defina. Lo que sí te puedo decir es que sí hay algo que acompaña la discusión de principio a fin y requiere una definición: la periodicidad del incremento. Las posiciones se mantienen diametralmente distantes. El sector trabajador propone un año; el empleador, dos.
¿Este año habrá alza de la remuneración mínima?
Tiene que haber, primero, la definición del mecanismo y la periodicidad. Si esto no está cerrado, mal podría yo decir que este año sí se concretará.
Entonces, una vez que se logre el mecanismo y se determine la periodicidad, ¿vamos a tener aumento?
Se iniciará la evaluación.
Sistema previsional
Usted ha mencionado que la reforma del sistema de pensiones es “indispensable”. ¿Qué avances hay al respecto?
Lo que se ha previsto es la conformación de un grupo de trabajo que se va a concentrar en afinar un modelo que ya se había empezado a discutir por la Comisión de Protección Social.
El exministro de Economía Alfredo Thorne animó esta discusión y hubo un análisis de carácter demográfico, poblacional, proyección de crecimiento del mercado de trabajo, edades, entre otros. Planteó una iniciativa que básicamente descansaba en una gran administradora central de pensiones y que el financiamiento se diera a través de una carga impositiva.
¿Utilizarán este informe como una base para su cartera?
A nivel del Ministerio de Trabajo, tenemos dos meses –que termina en junio– para elevar una propuesta a nuestros pares del Ministerio de Economía (MEF). Y sobre esa base, el MEF ponderará impactos.
Lo que suele acompañar a esta discusión es un estudio técnico actuarial que demandaría muchos meses para su realización. Y esa es una decisión que tenemos que acordar con el MEF; si utilizamos los insumos ya reportados por la Comisión de Protección Social o animamos más bien la realización de un estudio técnico actuarial.
Tenemos la responsabilidad de proyectar fórmulas de solución para un mercado laboral cambiante.
En esta propuesta del Ministerio de Trabajo, ¿qué temas se abordarán?
El sistema previsional peruano tiene dos grandes ámbitos: el público y el privado. El que está en situación deficitaria mucho tiempo es el público, mientras que el privado –lo han hecho notar– tiene algunas deficiencias. La mirada integral es la que se tiene que discutir y dos tienen que ser los ejes que acompañen ese nuevo modelo: que la sostenibilidad financiera esté garantizada y que las pensiones que se reciban sean un monto que permita vivir dignamente.
Essalud
¿Qué planes hay desde su cartera para Essalud? ¿Se incrementará el aporte de 9%?
Con la presidenta ejecutiva de Essalud, sostenemos reuniones mensuales. Una de esas reuniones ha dado como resultado el planteamiento de un proyecto de ley que vamos a remitir al MEF que aborda dos aspectos: mecanismos para que los deudores a la seguridad social puedan honrar esas deudas; y la homologación de las aportaciones.
Está claro que esa homologación tiene que tener carácter progresivo y que hay un esfuerzo de parte de Essalud de estimar el impacto de la homologación a efectos de garantizar futuras inversiones de infraestructura hospitalaria y centros asistenciales.
¿Qué entendemos por homologación? ¿Los regímenes especiales llegarían a un aporte de 9%?
Eso es lo que está recomendando Essalud. Ellos tienen problemas de sostenibilidad financiera muy serios. Esta semana estaremos en condiciones de tener una respuesta del MEF, tendremos más precisiones sobre el particular. Esta semana se presentará la iniciativa al MEF.
Elevarán al CNT discusión sobre regulación de la jornada de tiempo parcial
La ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, señaló a Gestión que su cartera pretende presentar ante el Consejo Nacional del Trabajo (CNT) el tema de la “organización del tiempo del trabajo”, es decir, la posibilidad de reconfigurar –según lo que demanda del mercado laboral– las jornadas de tiempo parcial.
“Sin recurrir a las etiquetas de si se flexibiliza, no se flexibiliza, yo –como parte de una agenda– decía que podríamos plantear la pregunta: ¿la regulación que se aplica a la organización de los tiempos de trabajo es la que nuestra sociedad requiere?”, declaró la ministra.
Cáceres agregó que su cartera ve con interés varias iniciativas que se han puesto en marcha en otros países que básicamente generan acuerdos entre empresarios y trabajadores, o entre un sindicato y la compañía, para acordar la organización del tiempo de trabajo.
“Esto se hace compatible o concuerda con las necesidades de carácter familiar o vinculadas a la capacitación; e incluso, invisibilizado muchas veces, con la actitud para el trabajo y superar el estrés laboral. Esos mecanismos que prioricen y privilegien la organización del tiempo de trabajo es algo que me gustaría poder poner en la mesa para la opinión de las partes. Las jornadas de tiempo parcial van en esa lógica”, anotó.
En el 2018, el Ministerio de Trabajo precisó los lineamientos del régimen de la contratación laboral de trabajadores a tiempo parcial (en sector privado).
Cambios a fiscalización de cumplimiento de cuota de personas con discapacidad
Según la Ley General de la Persona con Discapacidad, las entidades públicas están obligadas a contratar personas con discapacidad en una proporción no inferior al 5% de la totalidad de su personal, y los empleadores privados con más de 50 trabajadores en una proporción no inferior al 3%.
Sin embargo, existen limitaciones para poder cumplir con esta norma, según la ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres.
“Lo que pudimos advertir en su momento es que se están presentando problemas para la fiscalización del cumplimiento de la cuota. Y es que –señaló Servir– habiendo desplegado los empleadores todos los mecanismos para convocar y contratar a personas con discapacidad, la contratación no estaba siendo fructífera; y estaban siendo objetos de sanción”, anotó.
Por ello, indicó que requiere una discusión y adopción de medidas asociadas a la mejora de oportunidades de capacitación de las personas con discapacidad; y ajustes reglamentarios vinculado al tema de la fiscalización.
Agregó que ese tipo de modificaciones requiere consenso con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. “Cuándo estaríamos terminando ese trabajo conjunto, probablemente este mes”, dijo.