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Tras casi seis meses desde que el operador de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDFO) presentará ante el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) un proyecto de adenda para resolver el contrato –suscrito hace seis años– de mutuo acuerdo, el MTC presentó esta semana una contrapropuesta la que será analizada en las próximas tres semanas por Azteca Comunicaciones, según supo Gestión.pe.
“En diciembre del 2019, la empresa concesionaria presentó a una adenda para resolución del contrato por mutuo acuerdo la que fue sometida a una evaluación y a la fecha, el MTC le ha remitido una contrapropuesta recogiendo los comentarios de Osiptel y Contraloría. Si la empresa lo acepta, estaríamos yendo por una resolución por mutuo acuerdo”, comentó la directora general de Programas y Proyectos en Comunicaciones del MTC, Nadia Villegas, durante su presentación ante la Comisión de Transportes y Comunicaciones del parlamento.
En ese contexto, este diario supo que el concesionario pidió tres semanas para evaluar la propuesta estatal y emitir su posición.
La directora del MTC agregó que si la empresa acepta la contrapropuesta del Estado se resolvería el contrato por mutuo acuerdo, lo que no implica que el Estado asuma costo por indemnización u otro concepto.
-Nuevo modelo para la Red Dorsal-
Durante su presentación en el parlamento, el ministro de Transporte y Comunicaciones, Carlos Lozada, recordó que según las recomendaciones del Banco Mundial es necesario revisar a la ley de banda ancha -que data del 2012- para que cuando el Estado retome la concesión de la Red Dorsal, no sea nuevamente concesionada bajo un modelo que no ha demostrado ser eficiente.
Dijo que la meta es ser concesionada -una vez que la red vuelva a manos del Estado- ya sea bajo el mecanismo de Gobierno a Gobierno u otro, pero urge -remarcó- un cambio de la ley, la que es una labor legislativa, que implica que está en manos del Congreso.
“Lo que tenemos es un problema estructural que es la Ley de Banda Ancha que debe ser evaluada integramente”, acotó.
Cabe recordar que tras la caducidad del contrato, la responsable de operar y mantener la red desde el Estado sería –hasta por un espacio de tres años– el Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel).