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En su reciente discurso presidencial Martín Vizcarra anunció que en dos semanas la deberá presentar un plan de descarga procesal para aliviar a miles de afiliados que luchan por tener una pensión.

Una de las principales causas de estos procesos es la negativa de pensión a los afiliados por no cumplir con los 20 años de aporte, como lo exige el Decreto Ley 19990, que crea el Sistema Nacional de Pensiones.

Ante ese escenario, ¿debería flexibilizarse esta norma? Entre los especialistas existen posiciones contrarias sobre este tema.

Para José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú, parte de la reforma de la debería permitir que se vean beneficiados aquellos que generaron aportes, aun cuando no hayan alcanzado los 20 años.

“Continuar con la regla establecida en el Decreto Ley Nº 19990 es condenar injustamente a estos aportantes y favorecer injustamente también a quienes superaron los 20 años”, sostuvo.

Por el contrario, para Jorge Guillén, profesor de finanzas de Esan, la norma no debería flexibilizarse pues generaría un gran forado fiscal.
“Si se cambia la regla, se rompería el esquema de financiamiento de la ONP y requeriría de más recursos del fisco”, indicó.

Una posición intermedia la tiene Noelia Bernal, economista de la Universidad del Pacífico, quien refiere que más factible para la sería establecer un sistema en que se devuelvan los aportes de quienes no alcanzaron a cotizar por 20 años.

“Si bien estas personas no alcanzarían a una pensión, sí podrían acceder a la devolución de su fondo ahorrado”, explica.

Esta propuesta iría de la mano con otra modificación de la ONP y convertirla en una especie de “AFP estatal”, de manera que se establezcan cuentas de ahorro individual por cada aportante.

“La ONP ya tiene avanzado un sistema individualizado de aportes, con el reporte de Sunat; pero solo lo usa como registro, pues luego el dinero va a un fondo común. Con las cuentas individuales se podrá dar una pensión o devolución de acuerdo a lo aportado”, refirió.

Trámites

José Ignacio Beteta también señala que la propuesta de descarga procesal debe contener lineamientos o criterios básicos de resolución en la vía administrativa a fin de agilizar los fallos, estandarizarlos y generar predictibilidad en los pensionistas y administrados en general.

“Sumado a ello, será importante implementar sistemas que simplifiquen el acceso a los ciudadanos a los expedientes administrativos, a fin de crear transparencia y trazabilidad en los procesos”, indicó.

Por su parte Guillén remarca que la propuesta de descarga procesal que elabore la ONP debe también contener el presupuesto adicional que se requerirá del tesoro público.

“La ONP debe sincerar sus cifras y en base a ello establecer un cronograma de pagos. No hacerlo de golpe, sino se generaría un forado fiscal”, anotó.