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El banco de segundo piso Cofide acumula préstamos destinados a Graña y Montero y a la constructora brasileña Odebrecht por US$ 334 millones, de los cuales el 26% (US$ 87 millones) corresponde a la primera y el 74% (US$ 247 millones) a la segunda. Además, el 65% del monto son obligaciones adquiridas por ambas empresas en relación al fenecido proyecto Gasoducto Sur Peruano.
En un hecho de importancia (ver aquí) enviado a la SMV, a fin de informar al mercado, Cofide detalla que de los US$ 247 millones prestados a Odebrecht, el 55% (US$ 136 millones) corresponde a deudas por inversiones en Infraestructura de Transporte de Ductos, desembolsado en diciembre de 2014.
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Graña y MonteroLos préstamos a la constructora peruana Graña y Montero, que ascendieron a US$ 87 millones, fueron distribuidos de manera más equilibrada por Cofide.
Del total prestado, el 38% (equivalente a US$ 33 millones) fue destinado para su subsidiaria Survial SA, que ganó la concesión del Tramo I de la carretera Interoceánica junto a JJC Contratistas Generales y la empresa Ingenieros Civiles y Contratistas Generales en agosto de 2007. Pero el desembolso se realizó en mayo de 2009.
Ese mismo mes, Cofide desembolsó US$ 29 millones (34%) a G&M para el beneficio de Concesión Canchaque SA.
El último préstamo fue realizado en octubre de 2016, por una suma de US$ 24 millones, que representa el 28% del total prestado a G&M, según cálculos de Gestión. El caso de G&M no preocupa mucho a Cofide, pues la operación involucra garantías reales.
Gasoducto Sur PeruanoComo informó el presidente del directorio de Cofide Pedro Grados en una entrevista con Gestión, la exposición de Cofide a este proyecto energético asciende a US$ 160 millones. Pero aún no se considera una deuda impaga, dijo Grados el pasado lunes.
"Si bien (ese crédito) no está en default, porque los intereses recién se empezaban a pagar en junio del próximo año y las primeras cuotas del principal en diciembre del 2018", dijo Pedro Grados.
El MEM adjudicó el Gasoducto Sur Peruano en julio de 2014. 15 meses después, Graña y Montero adquirió un 20% de participación en el proyecto, a través de un aumento de capital.
A mediados de noviembre de 2016, el Ejecutivo decidió que no modificaría la cláusula anticorrupción y el 23 de enero de 2017 venció el plazo para el cierre financiero del proyecto, lo que provocó la terminación del contrato con el consorcio.
"En la medida que el GSP es una obra que va a ser reasignada es algo que indudablemente estamos negociando y tratando de resolver con el acreedor principal, que es Odebrecht", agregó Grados.