La agencia calificadora de riesgo Moody’s emitió un informe sobre las consecuencias de los recientes hechos políticos en el Perú.
El reporte señala que por segunda vez en menos de tres años el Congreso contribuyó a derrocar a un presidente en funciones, intensificando la agitación política que había socavado la gobernabilidad durante y antes de la pandemia.
Moody’s considera que el presidente Francisco Sagasti es un centrista moderado y espera una amplia continuidad de las políticas del nuevo gobierno interino, pero a su vez indica que las próximas elecciones generales del 2021 determinarán la trayectoria final de las prioridades de política del Gobierno, lo que podría socavar las finanzas públicas y, a su vez, el perfil de calificación del Perú.
En ese sentido, considera que la mayor frecuencia de incidentes políticos en los últimos años apunta a un debilitamiento de la gobernanza y de las instituciones, que, si se mantiene, podría pesar más en la credibilidad y el desempeño económico.
Más advertencias
La agencia calificadora recuerda que durante mucho tiempo ha considerado que las instituciones políticas son débiles en el Perú, pero también hace hincapié que la inestabilidad en los últimos cuatro años comenzó a pesar sobre el desempeño económico.
La tensión entre las instituciones política y las económicas “se ha mantenido durante más de 20 años, de modo que los mercados han internalizado como una parte inherente del perfil crediticio de riesgo soberano”.
Escenario 2021
Al Gobierno que surja de las elecciones del 2021 no le resultará fácil gobernar, dice Moody’s. Recuerda que ninguno de los actuales candidatos presidenciales cuenta con el respaldo de un partido político fuerte.
Además advierte que es poco probable que el eventual ganador reciba un fuerte apoyo de un Congreso que probablemente permanezca fragmentado.
Esto marcará, dice Moody’s, una desviación del entorno político anterior de Perú que, aunque propenso a las luchas internas, rara vez ha provocado una interferencia política en la gestión fiscal, lo que proporciona signos de deterioro institucional que pueden socavar la fortaleza fiscal a lo largo del tiempo.