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El nuevo gobierno socialista del Perú está trabajando con la industria minera en un nuevo enfoque para abordar las relaciones comunitarias y la burocracia con el fin de desbloquear más de la enorme riqueza mineral del país.
“Todas las empresas están contentas, hasta ahora”, dijo el sábado el ministro de Energía y Minas, Iván Merino, en una entrevista. “Todos estamos de acuerdo en que todos los proyectos deben tener una nueva cara social, que necesitamos un nuevo pacto”.
El tono conciliador y pragmático del ministro puede aliviar aún más los temores avivados por las conversaciones en la campaña electoral de una mayor intervención estatal en los recursos naturales que sofocaría la inversión y la producción futura. Perú es el principal productor de cobre después de Chile y el mercado depende de que la nación andina desarrolle más de sus depósitos gigantes para satisfacer la creciente demanda en el cambio hacia la energía limpia.
Las tensas relaciones entre los proyectos mineros y las comunidades rurales a menudo aisladas, junto con la lentitud de la concesión de permisos, han obstaculizado el progreso de la industria.
De 60 proyectos mineros en diferentes etapas, el gobierno tiene la intención de enfocarse primero en aquellos que están cerca de comenzar y liberar a los que están atrapados en la burocracia.
“Reconocemos que el estado no ha estado presente, que el mejor camino a seguir es directo, con intercambio de información, para que no haya distorsiones”, dijo Merino.
Cuando se le preguntó sobre la iniciativa Tía María de Southern Copper Corp., Merina dijo que su trabajo era entregar el programa del presidente Pedro Castillo, quien ha dicho que se opone a ese proyecto.
“Ya lo dijo el presidente: los proyectos con rentabilidad social van, los que no tienen rentabilidad social simplemente no”, dijo Merino.
Hay depósitos en Perú que son más ricos y más grandes, y la región entre Apurímac y Cuzco contiene suficiente mineral para igualar la producción de Chile, dijo.
La administración de Castillo está estudiando una propuesta para elevar impuestos y dejar más ganancias mineras en el país, aunque esa iniciativa aún debe pasar por diferentes departamentos gubernamentales y un congreso liderado por la oposición.
El mensaje para las empresas es que el Minem garantizará reglas claras y actuará como mediador y facilitador para agilizar “esta maraña burocrática”, dijo. “Lo que vamos a hacer es impulsar la industria para que las cosas se hagan bien y no seamos un obstáculo”.
En algún momento, el Estado peruano podría jugar un papel más activo en sectores estratégicos e incluso puede ser accionista en algunos proyectos, dijo, pero la prioridad es poner orden en procesos y solicitudes que languidecen por más de un año.
En cuanto a los campos de gas de Camisea, que Castillo prometió nacionalizar durante la campaña, el gobierno está evaluando si sus percepciones están respaldadas por datos.
“Primero debe haber más gas, para que haya más gas debe haber mayores reservas y para que haya mayores reservas debe haber más exploración”, dijo el ministro.
El gobierno ha recibido expresiones de confianza mientras mantiene conversaciones con líderes de la industria de productos básicos. Una señal de confianza es que algunas empresas acaban de pagar impuestos atrasados.
“No estamos en cuestiones ideológicas”, dijo. “Estamos generando consenso”.