Desde el 1 de enero de 2018 entró en vigencia en el Perú la ley que regula la responsabilidad administrativa de las empresas, la misma que permite sancionar por cohecho, lavado de activos y financiamiento del terrorismo a las compañías que cometan dichos delitos.

Debido a toda la tormenta generada por algunas de las investigaciones más grandes en temas de corrupción, esta normativa, que ya había estado en discusión algunos años, ha tomado fuerza en el país y, por esta razón, las empresas han empezado a tomar cartas en el asunto.

La función de compliance dentro de una empresa, se enfoca en velar por el desarrollo de las actividades conforme a la normativa vigente y a las políticas y procedimientos internos establecidos, asegurando de esta manera, que la empresa opere con integridad.

Hoy en día, son varias las compañías que buscan entender esta problemática y desarrollar e implementar algunos modelos de prevención de delitos.

En el Perú, el estudio Rebaza, Alcázar & De Las Casas estableció recientemente una alianza con su similar chileno Balmaceda, Cox & Piña (BCP), estudio jurídico especializado en la categoría de compliance de su país.

“Los sistemas de compliance permiten anticipar contingencias legales cuyos alcances pueden ser demoledores. En definitiva, empresas gobernadas con definiciones éticas claras, resultan más sustentables y compiten en condiciones más favorables que aquellas no sujetas a límites, o donde los dilemas éticos quedan a la suerte de sus colaboradores”, sostuvo Iván Millán Gutiérrez, abogado jefe de la Unidad de Compliance de BCP.

El estudio Balmaceda, Cox & Piña, ha implementado modelos de prevención del delito en más de 100 empresas con sede en Chile y otros países de la región.