:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/BUSYIGWGCNFGNAHA4MRPC6APFQ.jpg)
El Vigésimo Tercer Juzgado Civil de Lima se vio obligado a suspender la medida de desalojo que tenía prevista para hoy en la sede central de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL.
Esto se debió a la publicación del Decreto Legislativo N° 1192 que justamente norma las transferencia de inmuebles del Estado.
La jueza Hilda Sancarranco Cáceda tomó conocimiento de la norma legal a primera hora del día y luego de algunas consultas, tuvo que suspender el desalojo, pues tampoco iba a tener el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP), que de acuerdo al Decreto Legislativo debe acatar las disposiciones contenidas, que entre otros aspectos es muy clara en señalar que no se pueden afectar los servicios públicos.
La Jueza Sancarranco debe adecuar ahora todo el proceso a lo que dispone el DL 1192, pedir la opinión de la Superintendencia de Bienes Estatales y dejar sin efecto las medidas cautelares dictadas por su despacho.
El origen de este problema legal entre instituciones del Estado, está en la pretensión del Poder Judicial de tomar posesión del segundo piso del edificio del Ministerio de Trabajo, que actualmente ocupa Sunafil.
El pasado 13 de julio el Poder Judicial intentó tomar a la fuerza el local, lo cual originó un bochornoso incidente, que paralizó la atención al público por parte del Ministerio de Trabajo y SUNAFIL.