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El Indecopi hizo un llamado al Congreso de la República para que reconsidere la reciente aprobación del proyecto de ley sobre salvaguardias a la importación de productos para proteger la producción nacional.
El ente fiscalizador informó que el pasado 17 de marzo, el congresista José Luna Morales del grupo parlamentario Podemos Perú (PP) ingresó a trámite el proyecto de ley N° 7362/2020-CR, “Proyecto de Ley para consolidar las facultades del Indecopi en Defensa del Consumidor y de la Producción Nacional”, el cual tiene como objetivo otorgar al Indecopi la capacidad técnica de aplicar salvaguardias como la aplicación de aranceles y la restricción de algunas importaciones para proteger al consumidor y la producción nacional.
Sin embargo, precisó que actualmente Indecopi solo está a cargo del análisis técnico para la aplicación de las medidas de salvaguardias, lo que concluye con la emisión de un informe que recomienda aplicar o no tales medidas.
De este modo, precisó que quien se encuentra a cargo de dichas competencias es la Comisión Multisectorial conformada por el ministro de Economía y Finanzas, el ministro de Comercio Exterior y Turismo y el ministro del sector al que pertenezca la rama de producción nacional afectada
El proyecto de ley señala que dicha comisión no puede cuestionar, controvertir o desestimar nada de lo consignado en el Informe Técnico de la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelaria de Indecopi.
“Es la Comisión Multisectorial el ente que tiene dentro de sus competencias la función de aplicar o no las medidas de salvaguardias atendiendo a la necesidad de mantener una coherencia entre las distintas políticas económicas, comerciales y sectoriales, para lo cual debe considerar a su vez el interés público y los efectos de esas medidas en la economía y las relaciones comerciales de nuestro país a nivel global”, explicó Indecopi.
“Invocamos a las autoridades legislativas reconsiderar la aprobación de este proyecto de Ley pues requiere de un análisis técnico más riguroso, que tome en cuenta no solo la opinión de las respectivas partes involucradas, sino también las implicancias para el país además de la consideración de su pertinencia económica”, puntualizó la entidad.