:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/4VYUM54V2JCQVBEKUMMIKZW6VE.jpg)
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), respecto de la información propalada por algunos medios, en el sentido de que la institución habría ordenado el cierre de algunas veterinarias municipales para hoy, jueves 28 del presente precisó lo siguiente:
1. No se ha ordenado el cierre de ninguna veterinaria municipal. La institución, a través de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (CCD), precisa que no ha ordenado el cierre de ninguna veterinaria municipal hoy jueves 28 del presente.
2. No ha sancionado a municipalidades. A la fecha, la CCD no ha impuesto multa alguna en los procedimientos administrativos sancionadores recientemente iniciados a algunas municipalidades por presuntos actos de competencia desleal.
3. Plazo para presentar descargos. Los municipios investigados, tienen un plazo de diez (10) días hábiles para presentar la información requerida por la CCD. Sin embargo, en caso consideren pertinente, y a solicitud de las municipalidades, pueden ampliar dicho plazo, de acuerdo a ley. Cabe precisar que el procedimiento iniciado, es una primera etapa y puede durar hasta 200 días hábiles.
4. No está en contra de las campañas de esterilización o vacunación gratuitas, ni del manejo de Albergues Municipales. Los procedimientos iniciados en contra de las Municipalidades no hacen mención a las campañas de esterilización o vacunación gratuitas, ni del manejo de Albergues Municipales.
5. Defiende la Constitución. La labor que realiza el Indecopi, a través de la CCD, es defender el mandato de la Constitución Política del Perú, que señala que el Estado no puede realizar actividades empresariales sin contar con una Ley que lo autorice, en un contexto en el que una necesidad no sea cubierta por el sector privado.
6. Municipalidades pueden sustentar sus actividades. La CCD solo ha notificado a las Municipalidades sobre el inicio de un procedimiento sancionador en el cual deben demostrar, de ser el caso, que realizan una actividad empresarial en el marco de lo que manda la Constitución.