El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, señaló este martes que el Gobierno implementará el Programa Crediticio Impulso MYPERU, el cual garantizará nuevos créditos de hasta por S/ 2,000 millones.
“Para la promoción de la competitividad y actividad económica se implementará el Programa Crediticio Impulso MYPERU creado mediante la Ley N° 31658, con garantías para nuevos créditos de hasta por S/ 2,000 millones”, dijo durante su participación en el Pleno del Congreso.
En ese sentido, destacó que dicho programa brindará coberturas a los créditos que otorguen las entidades del sistema financiero para capital de trabajo, activo fijo y consolidación de deuda en condiciones crediticias más favorables y con un bono de buen pagador, con el fin de reducir el costo financiero del crédito entre cinco a siete puntos para beneficiar a unas 140,000 empresas medianas y pequeñas durante este año.
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En lo que respecta a la competitividad y actividad económica, mediante medidas tributarias, Otárola menciona que se se implementarán tratamientos tributarios preferenciales aprobados por el Congreso en diciembre 2022, a través de cinco leyes.
“Para dar mayor impulso a la inversión pública, el Ministerio de Economía y Finanzas publicará una guía sobre cómo reactivar obras públicas paralizadas, según la Ley N°31589, la misma que establece las herramientas necesarias para este propósito”, precisa.
Asimismo, señala que el Ejecutivo brindará asesoría específica a los gobiernos regionales y locales que tengan este tipo de obras bajo la modalidad de ejecución por administración directa y/o que pertenezcan al Plan de Reconstrucción con Cambios. “Se espera que en julio de 2024 estén terminados escuelas, centros de salud y carreteras hoy lamentablemente paralizadas”.
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Por otro lado, Otárola mencionó que con iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ejecutivo presentará un Proyecto de Ley para reestructurar financieramente a las municipalidades altamente endeudadas y, en consecuencia, con escasa capacidad de financiar servicios públicos a su cargo, a fin de que no queden desactivadas en los hechos.