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Elías García Olano
Después de diez meses de la anunciada segunda reforma agraria que ofreció el presidente Castillo, el Gobierno recién se dispone a aprobar un proyecto de ley que regule dicha reforma, pero que a la vez modificaría el esquema bajo el cual se desarrolla la inversión privada en el sector agroindustrial y agroexportador. Según expertos, ello llevaría a restringir esa actividad, supuestamente con el fin de favorecer a la pequeña agricultura.
Gestión supo que la iniciativa -que contiene nueve capítulos- ya se encuentra en evaluación en el Consejo de Viceministros y se esperaría su aprobación en la sesión del Consejo de Ministros de hoy.
Según el proyecto, la citada reforma apunta a cuatro objetivos: la formalización de la propiedad de la tierra; la gestión social del agua; mejores accesos a servicios para mejorar la productividad y competitividad; y acceso a mecanismos de financiamiento. Para su implementación, el Gobierno propone una reforma integral del Midagri, y destinarle, gradualmente, no menos del 5% del Presupuesto General.
Límite a la propiedad
En el tema de la propiedad de la tierra, el proyecto plantea que para que el Estado pro-mueva la seguridad jurídica sobre predios agrarios, regulará el límite de la tenencia de la tierra “para evitar la gran concentración y el acaparamiento de terrenos, y al mismo tiempo, evitar la atomización de predios rurales”.
Asimismo, determina que el Estado garantizará el proceso de saneamiento físico legal de predios antes de emitir actos administrativos susceptibles de afectar las tierras o territorios de comunidades campesinas y nativas.
En esa línea, refiere que, para la implementación de la segunda reforma agraria, se reconocerá tierras de propiedad del Estado, así como las pertenecientes a comunidades campesinas y nativas, predios colectivos de cooperativas, sociedades agrarias de interés social (SAIS) y tierras de propiedad privada, sea que están inscritas en Registros Públicos o cuentan con título de posesión susceptible de registrarse.
Señala además que el Estado buscará el reconocimiento de los derechos a la titulación de tierras de los pueblos indígenas u originarios, andinos, amazónicos y afroperuanos según Convenio 169 de OIT.
Proyectos de irrigación
Igualmente, el proyecto establece que, como parte de la implementación de la mencionada reforma, el Estado priorizará a las comunidades campesinas y nativas y organizaciones de productores agrarios de la agricultura familiar y comunitaria, en los proyectos de irrigación en tierras eriazas u otras adjudicaciones con fines agrarios.
Vale recordar que, en la etapa final de cada uno de los grandes proyectos de irrigación construidos, como Chavimochic, Majes I, Olmos, etcétera, y que han permitido el desarrollo de la agroindustria y la agroexportación, los gobiernos regionales a cargo de esa infraestructura, convocan a subasta la venta de tierras a irrigar, adjudicándolas al mejor postor, además de la venta del agua que abastecen esos proyectos.
Riesgo
En esa línea, el ex gobernador regional de Ica, Fernando Cillóniz, al conocer de esta parte del proyecto de ley en mención, señaló que podría poner en riesgo el desarrollo por ejemplo del recién destrabado proyecto Majes-Siguas II, pues con la venta de tierras y el agua que se tenía previsto, como se hizo con otros proyectos similares, se busca hacer sostenibles este tipo de proyectos y garantizar el retorno de la inversión. La misma advertencia la hizo el exministro de Agricultura, Milton von Hesse.
Bajo ese mismo marco de la segunda reforma agraria, la iniciativa dispone que será facultad estatal promover y adjudicar de manera subsidiaria, terrenos a las comunidades campesinas y nativas sin tierra, dedicados a la agricultura familiar, así como a las diferentes formas organizativas vinculadas a ese tipo de actividad así como a la agricultura comunitaria.
Agroindustria
El proyecto legislativo que se prepara, introduce también un capítulo que lleva por título la “democratización de los mercados”, y que buscaría regular lo que considera monopolios, oligopolios, monopsonios y oligopsonios de la industria (agrícola) y el mercado.
Bajo ese argumento, indica que el Estado garantiza la democratización de la agroindustria, y reprime toda práctica de abuso de posición de dominio y prácticas restrictivas a la libre competencia, en desmedro del abastecimiento (nacional) de insumos y de la venta (local) de la producción agraria.
Igualmente, garantiza el uso de patentes, trazabilidad y denominación de origen para que no exista competencia desleal, el contrabando y el tráfico de los productos agrarios, biodiversidad y del material genético, protegiendo los recursos genéticos de especies nativas.
Consultado por el impacto que tendría una regulación estatal sobre el límite de tierras, Laureano del Castillo, responsable del Programa de Políticas Rurales del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes), dijo a gestion.pe que la propuesta tal y como está redactada es solo “un saludo a la tribuna, pues la Constitución ya permite al Estado establecer límites a la propiedad, salvo excepciones”.
Proyecto incluye incentivos tributarios y financieros
Para lograr el desarrollo económico rural con enfoque territorial, en un contexto en el que el sector agropecuario se ha visto afectado por la crisis de los fertilizantes y la inflación, el Gobierno incluyó en su proyecto de ley de segunda reforma agraria algunos incentivos monetarios y financieros, así como tributarios.
Así, propone que el Estado establezca un régimen especial de beneficios tributarios a los productores agrarios organizados en comunidades campesinas, nativas, pueblos originarios e indígenas, rondas campesinas y otras formas de organización en el territorio.
Se buscaría generar incentivos en aquellas industrias que logren un efecto de arrastre hacia atrás, como ocurre en la industria de procesamiento de carnes, cuyas ventas están exoneradas del pago de IGV por lo que incentiva un mayor dinamismo en la producción nacional de ovinos y caprinos vivos, entre otros animales.
Se apunta además a incluir en los beneficios a la industria de preparación e hilatura de fibras textiles -por citar un caso- debido a que está identificada como un sector clave.
La iniciativa incorpora también que el Estado promueva la subvención parcial o total los costos de producción de productos agrarios en casos de crisis económica, alimentaria o financiera producida por factores externos, entiéndase caso fortuito o de fuerza mayor. Asimismo, promueve la creación de clúster y conglomerados comerciales con enfoque territorial.
Midagri aún no decide si seguirá compra de urea con postor sin experiencia
A dos días de que la Contraloría advirtiera de irregularidades en el nuevo proceso de subasta para la compra de más de 65 mil toneladas de urea y por el cual Agro Rural adjudicó la buena pro a Ready Oil Supply, el Midagri hasta ahora no decide si anulará ese proceso, o si continuará con el mismo, según revelaron a Gestión fuentes del Ejecutivo.
Explicaron que tal decisión debía adoptarla el titular del Midagri, Andrés Alencastre, pero que ayer al menos no se anunció ninguna decisión sobre el tema, debido a que el ministro tuvo que viajar a Ayacucho y que este miércoles se podría producir algún anuncio del tema al concluir el consejo de ministros.
Vale recordar que este fin de semana, la Contraloría observó que Ready Oil Supply, incumplió con presentar sus estados financieros de los últimos tres años, y solo presentó los correspondientes al 2021, argumentando que el 2019 y 2020 cesó actividad por la pandemia.
No obstante, ese organismo encontró que dicha información no es veraz, ya que en lo expresado en su constitución de empresa se indica que es una compañía de responsabilidad limitada y organizada el 4 de febrero del 2021.
Esta situación de incertidumbre se mantiene, a pesar de que ya se ha iniciado desde este mes la campaña de siembra 2022-2023, y a que ya ese sector ha registrado menores intenciones de siembra, sobre todo de arroz y papa, y ha reconocido que ello puede llevar a incrementos en los precios de esos productos agrarios.
Además, el Midagri estima que a diciembre solo se llegaría a entregar la urea que adquieran, a un 32% de poco más de 1 millón de empadronados.
Limitar el tamaño de las tierras no tiene sentido
Exministro de Agricultura, Milton von hesse
Los movimientos de izquierda plantean que se active un artículo de la Constitución que menciona la posibilidad de ponerle límite a la extensión de la tierra, pero eso no tiene sentido. Ellos ponen como ejemplo a empresas agroindustriales que hoy día tienen extensiones muy grandes, y dicen que eso no debería pasar. Pero, en realidad, cualquier ley se hace de acá para adelante, no es retroactiva, no podría ser expropiatorio ese límite al tamaño de las tierras.
En segundo lugar, hablar de límites al tamaño de la tierra es como si la agricultura fuera algo homogéneo. Pero no es así, porque si, por ejemplo, voy a producir flores, diez hectáreas me quedan grandes, pero si voy a producir azúcar necesito dos o tres mil hectáreas, por lo menos, no es lo mismo. Un pre-dio es grande o chico, dependiendo del cultivo que uno va a desarrollar. Además, hoy solo el 2% de las parcelas tiene más de 50 hectáreas, mientras que el 90% de las demás comprenden menos de 10 hectáreas; entonces, el proyecto de ley que se propone no tiene ningún sentido.
Si se aprueba esa parte del proyecto en cuestión,
va a terminar de generar un temor horrible para las inversiones futuras. Tenemos un proyecto Majes-Siguas II concesionado que se acaba de destrabar hace poco, y que tiene 38 mil hectáreas, que se van a tener que poner en subasta a empresas para desarrollar proyectos agroindustriales, y si el Gobierno sale anunciando que va a poner límite a la tierra, ¿cuántos interesados cree que va a haber para pre-sentarse a la subasta?
Tampoco tiene sentido el plantear que se priorice en los proyectos de irrigación a la pequeña agricultura familiar. Lo que ha demostrado la evidencia, es que estos grandes proyectos de irrigación tipo Chavimochic o Majes-Siguas II o Alto Piura, que ocupan grandes extensiones de terrenos eriazos en la costa, requieren capital para que puedan ser viables, porque la inversión por hectárea es muy grande y no solamente debe invertirse mucho capital, entre US$ 50 mil y US$ 60 mil por hectárea, sino que debe además haber el conocimiento y la articulación con los mercados mundiales, porque de otro modo, no resultan rentable, ni para el agricultor ni para el país.