La implementación del marco metodológico de las cabeceras de cuenca que está elaborando la Autoridad Nacional del Agua (ANA) debe responder a un proceso participativo y de gestión integrada de los recursos hídricos para garantizar la sostenibilidad ambiental y el equilibrio ecológico, según sostuvieron expertos en un foro organizado por la Red Muqui.
Además, indicaron que se necesita trabajar en la actualización completa de la información de las cabeceras de cuenca desde lo social, ambiental, económico y cultural para identificar, delimitar y zonificar con planes de ordenamiento territorial y planes de vida.
Como se conoce, en las cabeceras de cuenca se originan las fuentes de agua, los ríos y quebradas, son ecosistemas de gran valor y generalmente se encuentran las zonas de recarga hídrica. Se trata de lugares que albergan lagos, lagunas, bofedales, aguas subterráneas y humedales, que juntos contribuyen al mantenimiento de la conectividad hidrológica.
Para Andrés Alencastre, coordinador nacional de Agua-C, se requiere comprender el ciclo del agua desde su dinámica en las cuencas y microcuencas. De esa manera, dijo, se construye el concepto y el enfoque territorial.
Ruth Preciado, especialista en gestión de recursos hídricos, resaltó que en las cabeceras de cuencas no deben realizarse actividades que impacten en el ecosistema de cuenca, y se debería asegurar la continuidad del agua en su ciclo natural.
La especialista advirtió que las autoridades hacen una valoración sesgada de las cabeceras quedándose solo con lo técnico e hidrológico.
“Encasilla la cabeza de cuenca en lo que más conviene para ciertos intereses, pero en realidad la cabecera de cuenca tiene una valoración social, ambiental, en salud, adaptación al cambio climático, pobreza, calidad de agua y derechos de uso de agua”, sostuvo Preciado.
Por su parte, Ana Leyva, especialista de CooperAcción, consideró que falta información sobre los recursos hídricos que tenemos como país, solo hay estimaciones.
“No hay un balance real, sino vacíos y sin información, nos sacan la vuelta. Hace años no avanzamos, hace años no invertimos en información”, añadió.
Ante esta problemática, el libro “Alternativas al desarrollo: experiencias y propuestas frente al extractivismo en el contexto de la pandemia” de la red Muqui propone fortalecer las capacidades de los municipios y comunidades de zonas mineras para la vigilancia ambiental y social. Además, de la aprobación de la ley para la articulación de la vigilancia y monitoreo ambiental ciudadano e indígena en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
Durante su participación en el foro, Alberto Acosta Espinoza, expresidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador, advirtió que los gobiernos de los distintos países de la región tratan de recuperarse del impacto de la pandemia por el COVID-19 apostando por más extractivismo o explotación de los recursos naturales.
“¿Qué futuro tiene seguir exportando petróleo? Se conoce que el 60% de las reservas de petróleo existente deben quedarse en el subsuelo, el 89% de las reservas de carbón no pueden ser explotadas, el 59% de reservas de gas no pueden ser explotadas si no queremos que la temperatura de la tierra crezca en 1.5 grados o 2 grados sino queremos una hecatombe. En ese sentido, no podemos seguir forzando el crecimiento económico no sostenible”, comentó Acosta.
Por su parte, Mary Luzmila Marroquín León, presidenta de la Junta de Usuarios de Riego de la Ensenada, Mejia y Mollendo (Valle de Tambo- Arequipa), recordó que durante la pandemia fueron los agricultores que proveían de alimentos al país. Y pese al esfuerzo que hicieron, lamentó que las autoridades siguen minimizando a la agricultura familiar.
“Defendemos el agua para la agricultura con sangre, sudor y lágrimas. En la pandemia no les faltó alimento porque el campo los proveía. A ningún agricultor le llegó el dinero estatal, a nadie le dijeron toma capital para que siembres”, subrayó.
A su turno, Carlos Portugal, consultor de la Red Muqui, resaltó que la pandemia por el COVID-19 ha puesto en tapete la discusión sobre este modelo de desarrollo sostenible ya que se ha demostrado que es inviable el crecimiento infinito con el modelo actual.
Por ello, como medida para dejar de lado el modelo extractivista, Portugal recomendó “el financiamiento a los gobiernos locales de zonas mineras para proyectos de desarrollo a nivel comunal y local con la implementación de ordenamiento territorial participativo y elaboración de planes de vida que contengan la visión territorial y las opciones productivas”.
Agregó que los ejes de desarrollo alternativo son: la construcción de economías y sociedades post extractivistas, desarrollar la soberanía alimentaria y promoción de la agricultura familiar, reactivación desde los territorios y priorizando la actividad agropecuaria y agroindustria.