La bancada fujimorista presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional contra la ley que reforma el Sistema Privado de Pensiones (SPP), por considerar que algunos aspectos de la norma infringen la Constitución.
Así lo anunció la congresista Martha Chávez en Canal N, al indicar que una de sus preocupaciones sobre la norma es la aplicación de una segunda comisión para los afiliados de las AFP, la cual afecta el fondo previsional acumulado que pertenece exclusivamente a los afiliados, pese a que la Carta Magna establece la intangibilidad de los mismos.
"Yendo por el tema jurídico, se afecta el derecho de propiedad que está previsto en el artículo 70 de la Constitución. Se afecta artículos de la Constitución relacionados con los derechos pensionarios, que es la intangibilidad del derecho a la pensión; se afecta también el derecho de libre elección de las AFP, porque se establece una licitación por la cual durante 24 meses se tiene cautivos a los aportantes para una empresa. Se abre la posibilidad también de que la Sunat sea un agente de cobro y ya sabemos que la Sunat cobra porcentajes por todo aquello que recauda", manifestó.
Al respecto, manifestó que estas "inconstitucionalidades y agresiones a derechos constitucionales" no pueden salvarse en un reglamento, como dijo lo intenta hacer el Gobierno.
"Es cierto que hay un plazo (para la entrada en vigencia de la ley). Se dice que esta norma va a entrar en vigencia 120 días después de que se dé el reglamento, pero repito eso no es ninguna salvaguarda respecto de la infracción constitucional, porque un reglamento no puede enmendar las infracciones que comete la ley", expresó.
Respecto a la aprobación de la norma, Chávez dijo que hubo "una falta de respeto enorme", pues el proyecto fue derivado a la Comisión de Defensa del Consumidor, la cual "nada tenía que ver con el tema". "Se trata de un tema previsional en el que la comisión especializada era la de Trabajo y Seguridad Social. Este grupo de trabajo pidió el documento, pero ya no tuvo tiempo para que lo viera", refirió.
Finalmente, descartó que en la acción de inconstitucionalidad se incluya alguna demanda contra el ministro de Economía, Luis Castilla, de quien sin embargo dijo que tiene responsabilidad política en el tema.
"Hasta el propio presidente de la República tiene responsabilidad política, porque anteayer dio a entender que no se iba a promulgar la norma hasta que no haya debate , y a todos nos sorprendió ayer con la promulgación", culminó.