Osiptel: Telefónica pretende desconocer obligación del pago del aporte por regulación

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) informó que tras más de 20 años de operaciones en el marco de un contrato de concesión suscrito con el Estado peruano, la empresa Telefónica del Perú ha presentado dos solicitudes de arbitraje, ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, por el supuesto incumplimiento de los compromisos contractuales, cuestionando, entre otros aspectos, el pago del aporte por regulación.

El aporte por regulación es una contribución que se creó para dotar a los entes reguladores de un ingreso que les permita su sostenimiento como institución y el cumplimiento de sus funciones establecidas por ley. Este aporte es la principal fuente de financiamiento del Osiptel.

“Pese a que existen pronunciamientos a favor del Osiptel en el ámbito judicial, la empresa cuestiona por la vía arbitral el cobro del aporte regulación por los servicios públicos de telecomunicaciones que presta en el marco del contrato de concesión”, señaló el Osiptel en un comunicado.

Agregó que los conceptos aplicados por el Osiptel en el cálculo del cobro del aporte por regulación, están sustentados en la normativa de telecomunicaciones y tributaria vigente en el país, y ha sido refrendada en sentencias del Poder Judicial que tienen calidad de cosa juzgada, informes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), así como normativas aprobadas por la Presidencia del Consejo de Ministros.

“Con estas solicitudes se pretendería que el OSIPTEL y el MTC, a futuro, se abstengan de acotar los tributos mencionados, no pudiendo ejercer sus facultades de fiscalización, de determinación y cobro de los conceptos materia de los arbitrajes”, criticó.

“El Osiptel advierte que el resultado de las pretensiones arbitrales de Telefónica del Perú puede generar un riesgoso precedente a ser aplicado por otras operadoras, respecto de sus contratos de concesión”, subrayó.

Asimismo refirió que Telefónica del Perú también ha cuestionado la emisión y los alcances del Decreto Supremo N° 134-2021-PCM, por el cual, el Gobierno actualizó, luego de casi 20 años, el cálculo del alícuota del aporte por regulación del Osiptel.

“La empresa ha iniciado acciones legales, como la presentación de una denuncia de barrera burocrática ante el INDECOPI en contra de la Presidencia del Consejo de Ministros y, como tercero administrado, se ha incorporado al Osiptel”, señaló el Osiptel.

Al respecto, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), expresó su preocupación por el comunicado de Osiptel pues cuestiona que una empresa operadora interponga acciones legales para defender su posición.

“La Constitución reconoce el derecho a impugnar las decisiones administrativas y judiciales. Desconocer el mismo no se condice con los principios democráticos, más aún – y de forma paradójica - cuando es el propio organismo regulador el que ejerce ese derecho ante decisiones del Tribunal Fiscal sobre el aporte de regulación”, señaló AFIN en un comunicado.

“Genera desconcierto que un organismo regulador cuestione públicamente el ejercicio legítimo de acciones o recursos ante instancias judiciales, administrativas o los mecanismos de solución de controversias que contemplan los contratos de concesión celebrados entre el Estado Peruano y las empresas. Esta conducta supone desconocerlos en la práctica, lo que vulnera la seguridad jurídica y ahuyenta las inversiones”, refirió.

“Hacemos un llamado a respetar los mecanismos de solución de controversias establecidos en el marco jurídico, los cuales deben mantenerse ajenos a cualquier tipo de injerencia”, concluyó el comunicado de AFIN.